El proyecto de nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia que prepara la Comunidad de Madrid incluirá modificaciones en los procedimientos para la creación de instituciones universitarias, según adelantaron fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades a Europa Press. Este anuncio se produce en el contexto de la acción judicial que ha iniciado el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso contra el real decreto estatal sobre la creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios, normativa que consideran restrictiva para las autonomías y la iniciativa privada.
Según explicó el medio Europa Press, la Comunidad de Madrid, a través de la Abogacía General regional, ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo dirigido contra el real decreto del Gobierno central. El Ejecutivo autonómico señala que esta normativa estatal limita de forma injustificada la libertad empresarial y la posibilidad de abrir nuevos centros universitarios, derechos recogidos en la Constitución Española. Añadieron que el texto impone condiciones y requisitos considerados arbitrarios, como la exigencia de un mínimo de 4.500 estudiantes por centro, lo que, de acuerdo con los argumentos remitidos, no responde a un deseo real de elevar la calidad universitaria en España.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que el nuevo marco regulatorio presentado por el Estado vulnera las competencias autonómicas reconocidas en el artículo 27 de la Constitución. Según las fuentes citadas por Europa Press, las regiones tienen la facultad de desarrollar y aplicar leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el papel del Estado debe limitarse a la fijación de “normas básicas”. Para la Comunidad de Madrid, el real decreto estatal excede esa base común y restringe la capacidad legislativa de las autonomías, al imponer una normativa homogénea sin matices adaptados a la diversidad territorial.
Las autoridades madrileñas critican además la falta de negociación o consulta pública en la elaboración del real decreto. Según Europa Press, la Consejería advierte que el texto que regula la creación y reconocimiento de nuevos centros fue tramitado sin diálogo previo ni consenso con las comunidades autónomas, lo cual, para el Ejecutivo regional, compromete la seguridad jurídica de quienes tienen interés en invertir o gestionar entidades universitarias.
Otro de los argumentos expuestos en el recurso hace referencia a los controles y procedimientos ya existentes en la Comunidad de Madrid para la aprobación de universidades. Fuentes de la Consejería recalcaron que el sistema autonómico establece mecanismos “muy rigurosos” para valorar la idoneidad de los nuevos proyectos educativos, lo que, en su opinión, garantiza la “excelencia” de los centros autorizados. En ese marco, sostienen que la gestión regional ya asegura altos estándares de calidad sin necesidad de aplicar requisitos unificados desde el Gobierno central.
De acuerdo con Europa Press, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid recibirá esta semana un informe detallado sobre las acciones legales emprendidas contra el decreto estatal. El Ejecutivo madrileño fundamenta su actuación legal en los principios constitucionales que amparan la descentralización de competencias educativas y la promoción de la libertad de empresa.
El recurso judicial tramitado destaca, entre otros aspectos, que la imposición de criterios mínimos del Estado puede disuadir la aparición de nuevos proyectos universitarios impulsados desde la iniciativa privada, lo que, a juicio del Gobierno autonómico, limita opciones para estudiantes y profesionales. La administración regional reiteró su compromiso de avanzar en reformas legislativas dentro de su marco competencial, y adelantó que la futura normativa autonómica realizará aportes propios a los procedimientos de creación y reconocimiento universitario orientados a mejorar los procesos y la calidad educativa.
Europa Press informó que la controversia entre la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo central se centra principalmente en el control sobre la autorización y regulación de la educación superior, junto a la participación de los actores autonómicos y privados en la definición de los estándares de calidad y acceso.
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