El Gobierno del Reino Unido ha presupuestado 170 millones de libras esterlinas para actualizar la infraestructura tecnológica y los sistemas de cifrado de los funcionarios públicos, además de asignar 130 millones de libras adicionales para reforzar a la Policía Antiterrorista, como parte de un plan orientado a responder ante amenazas de intrusión extranjera en organismos del Estado. Según reportó Europa Press, estas iniciativas surgen luego de que las agencias de Inteligencia británicas alertaran sobre intentos de espionaje dirigidos a parlamentarios del país y atribuidos a redes vinculadas con China.
Europa Press detalló que el conjunto de medidas incluye también la organización de sesiones informativas de seguridad orientadas a los diferentes partidos políticos, el diseño de directrices inéditas para candidatos electorales y la introducción de lineamientos más estrictos en materia de donaciones electorales. Todo ello forma parte de una nueva legislación sobre procesos electorales que busca blindar la transparencia y protección institucional.
Estos anuncios fueron realizados oficialmente el martes, tras la detección de actividades sospechosas que afectaron a miembros del Parlamento. Según publicó Europa Press, el secretario de Estado de Seguridad, Dan Jarvis, argumentó que las disposiciones responden a lo que describió como “un intento encubierto y calculado por parte de China de interferir” en los asuntos internos del Reino Unido. Jarvis señaló en un comunicado que la postura británica frente a China busca balancear los intereses económicos con la defensa del sistema democrático: “Como país con una larga y orgullosa historia de comercio por todo el mundo, nos interesa seguir persiguiendo una relación económica con China, pero este gobierno siempre desafiará a los países que socaven nuestro modo de vida democrático”, según recogió Europa Press.
Ante los informes de actividades de espionaje, el servicio de seguridad interno MI5 envió recientemente una alerta a diputados y trabajadores parlamentarios, en la que advierte sobre la presencia de una red que pretendía reclutar ciudadanos británicos con acceso a información parlamentaria y gubernamental sensible. Europa Press consignó que los servicios secretos identificaron al menos dos personas con perfiles en la plataforma LinkedIn que estarían actuando en representación de la inteligencia china, lo que resultó en la comunicación de estas sospechas directamente a las autoridades de ambas cámaras legislativas, en concreto al presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, y a su contraparte de la Cámara de los Lores, John McFall.
Las acciones previstas por el Ejecutivo británico incluyen, de acuerdo con Europa Press, controles más estrictos sobre los aportes económicos recibidos por los partidos políticos y candidatos, reforzando la trazabilidad y legalidad de los fondos, así como capacitaciones puntuales para funcionarios y candidatos con el objetivo de fortalecer la preparación ante amenazas cibernéticas y de injerencia extranjera durante los procesos electorales.
La respuesta oficial de China ante las acusaciones británicas llegó por medio de la Embajada en Londres, desde donde un portavoz calificó las denuncias como “calumnias”. La embajada expresó de forma pública su “enérgica condena” a las acciones del Gobierno del Reino Unido y pidió el cese inmediato de lo que denominan una “farsa”, mientras solicitó a la parte británica abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las relaciones diplomáticas entre ambos países, informó Europa Press.
La atención del Ejecutivo británico y de los organismos de seguridad se ha centrado en proteger la integridad de la información oficial, debido a la exposición a intentos de manipulación externa detectados por los servicios de inteligencia. Europa Press subrayó que las autoridades consideran que la prevención y la reacción institucional rápida resultan esenciales dada la sofisticación de las operaciones ligadas a actores internacionales, cuya búsqueda de influir en la toma de decisiones políticas y acceso a información clasificada plantea desafíos continuos para la administración pública del Reino Unido.
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