
El antecedente de la base aérea de Manta, que funcionó en Ecuador bajo control estadounidense de 1999 a 2009 y estuvo involucrada en denuncias de violaciones de derechos humanos, influyó significativamente en la respuesta ciudadana ante el referéndum propuesto por el Ejecutivo. Según informó Europa Press, los resultados preliminares del 70 por ciento de las actas escrutadas indican que la mayoría de los votantes rechazó las cuatro reformas impulsadas por el presidente Daniel Noboa, en una jornada donde se superó el 80 por ciento de participación electoral, de acuerdo con datos difundidos por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las propuestas rechazadas abarcaban la reinstalación de bases militares extranjeras, la suspensión del financiamiento público de partidos políticos, la reducción del número de asambleístas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para revisar la Carta Magna vigente desde 2008. Tal como publicó Europa Press, este rechazo representa un revés para el gobierno y para Acción Democrática Nacional (ADN), agrupación que promovió el apoyo afirmativo a las reformas.
La negativa a reinstalar bases militares extranjeras alcanzó el 60,3 por ciento de votos en contra, detalló Europa Press, mientras que la eliminación del financiamiento estatal para partidos obtuvo un rechazo del 57,8 por ciento. La reducción de escaños en la Asamblea Nacional tampoco generó consenso, con el 53,2 por ciento de los electores manifestando su oposición. Sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la desaprobación superó el 61 por ciento, conforme a los datos preliminares publicados por Europa Press.
La propuesta de recuperar bases extranjeras resultó especialmente polémica dadas las restricciones establecidas por la Constitución de 2008, que excluye la presencia de fuerzas militares no ecuatorianas en el territorio. Tras el cierre de la base de Manta, esta disposición se ha reforzado como un principio fundamental del marco legal nacional, elemento que, de acuerdo con Europa Press, contribuyó al rechazo mayoritario a esta medida.
El contexto en el que tuvo lugar el referéndum estuvo marcado por la inseguridad y la violencia asociadas al auge del narcotráfico y de organizaciones criminales. Según consignó Europa Press, el gobierno había declarado conflicto armado interno, establecido el estado de excepción en varias zonas y etiquetado a bandas delictivas como terroristas, desplegando operativos conjuntos de fuerzas armadas y policía. No obstante, el aumento de la intervención militar y policial todavía no consigue reducir sensiblemente los niveles de homicidio, reportó Europa Press.
Desde la oposición, el rechazo a las propuestas de Noboa fue defendido por una amplia coalición, entre ellas el movimiento Revolución Ciudadana (RC) que lidera el expresidente Rafael Correa, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y diversas organizaciones sociales y sindicales. Estas agrupaciones denunciaron, de acuerdo con Europa Press, que el referéndum suponía un gasto estatal injustificado y que pretendía allanar el camino a la privatización de servicios públicos como la educación y la salud. Argumentaron además que el texto constitucional actual garantiza el respeto al Estado de derecho y la protección de las minorías frente a cambios regresivos.
El medio Europa Press observó que la dinámica de consultas populares posee un papel relevante en la trayectoria política ecuatoriana. Desde la transición democrática de 1978, Ecuador ha celebrado quince referendos nacionales. En el periodo de Rafael Correa, se realizaron cuatro, etapa que se caracterizó por el uso frecuente de estas herramientas. El mandato de Noboa ya suma dos procesos de consulta popular; la anterior, realizada en abril de 2024, contuvo once propuestas orientadas en gran parte a la seguridad y estructura institucional, de las cuales nueve recibieron el respaldo necesario.
El debate sobre el sentido del referéndum dividió posturas. Europa Press precisó que los sectores oficialistas afirmaron que la reforma buscaba fortalecer la seguridad y el funcionamiento institucional, mientras las fuerzas opositoras señalaron que el gobierno buscó desviar la atención de problemas urgentes e intentar modificar el modelo de Estado. Según el reporte, este resultado fortalece la continuidad de la Constitución de 2008, norma que permanece vigente a la espera de que finalice el recuento formal de votos.
La participación ciudadana, superior al 80 por ciento, fue confirmada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, a través de un comunicado en la red social X. Este nivel de concurrencia ha sido infrecuente en otras consultas similares en América Latina, y para muchos actores políticos refleja un alto grado de involucramiento social respecto del rumbo institucional del país, tal como reportó Europa Press.
La jornada electoral transcurrió en un clima de tensión generado por la ola de violencia asociada al avance del crimen organizado. Frente a ese trasfondo, el fracaso del paquete de reformas defendido por el Ejecutivo ha sido interpretado por los sectores opositores como una derrota política para el presidente Noboa y su partido, según comentó Europa Press. Los próximos pasos del gobierno y de las diferentes agrupaciones políticas se desarrollarán en un nuevo escenario, donde el texto constitucional vigente se mantiene como referente central del debate público y político en Ecuador.