CEAR atiende a más de 130 víctimas de discriminación y forma a 500 migrantes en el proyecto 'Alza la Voz' contra racismo

Migrantes enfrentan trabas para acceder a derechos esenciales como vivienda, sanidad o servicios financieros, mientras aumentan las denuncias por exclusión y discursos de odio, según advierte la organización tras recordar el aniversario del crimen de Lucrecia Pérez

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Claudina Suárez y sus hijas recibieron amenazas y sufrieron insultos de carácter racista tras mudarse a una vivienda de alquiler en Sevilla, según el testimonio recogido por CEAR. "Desde el día que llegamos a nuestra nueva vivienda, la gente a la que le alquilamos comenzó a pedirme que pagara de más. Luego ya no nos dejaban ni usar la lavadora y empezaron las amenazas y todos los insultos racistas. Y hasta los dirigían a mis hijas, diciéndonos que harían para deportarnos. La situación era terrible", narró Suárez. Esta situación se presentó en el marco de un aumento de denuncias por exclusión y discursos de odio que afectan a personas migrantes en España, como informó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

De acuerdo con la organización, más de 130 personas han sido atendidas en los últimos diez meses por situaciones de discriminación relacionadas con racismo o xenofobia en diversos ámbitos. Así lo detalló CEAR con motivo del aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez, ocurrido el 13 de noviembre de 1992 y considerado el primer crimen racista reconocido en España. La ONG explicó que el proyecto 'Alza la Voz contra el Racismo y la Xenofobia', implementado este año en Valencia, Sevilla y Madrid, ha brindado acompañamiento y asesoramiento integral tanto individual como grupal a quienes han atravesado episodios de exclusión por su origen o situación administrativa.

El medio reportó que las barreras para acceder a derechos esenciales afectaron principalmente el empadronamiento, la vivienda, el empleo, la sanidad y la apertura de cuentas bancarias. CEAR alertó también sobre la negativa de algunas entidades financieras a permitir el acceso al sistema bancario a personas en situación de vulnerabilidad, acción que contradice el derecho reconocido a disponer de una cuenta en el país.

En cuanto a la asistencia sanitaria, el empadronamiento se convirtió en un requisito excluyente. El medio recogió la experiencia de numerosas personas que, por no contar con este trámite o por tener una documentación distinta al DNI, quedaron fuera de la cobertura básica de salud. Lorena Valdes explicó que tras cambiar de centro de salud, su nueva doctora detectó su acento latino y se negó a revisar sus pruebas médicas, instándola a volver al trabajo a pesar de su mal estado. "Me mandó a trabajar con un estado de salud lamentable. Lo que hizo fue marginar todos los derechos que tengo como persona", relató Valdes. Tras acudir al servicio de CEAR en Madrid, recibió orientación sobre el proceso de reclamación y acompañamiento en una nueva cita médica.

La dificultad para empadronarse representa otra traba frecuente para la integración plena de las personas migrantes, según publicó CEAR. Jennifer Restrepo relató que esperó más de un año para lograr este trámite pues, aunque trabajaba regularmente, en la vivienda alquilada se negaban a autorizar el empadronamiento. La intervención de CEAR en Valencia fue clave para que el ayuntamiento aceptara reconocerla en el registro municipal, según su testimonio.

Al margen del acompañamiento ante situaciones de discriminación, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado destacó la formación de más de 500 personas migrantes a través de su proyecto 'Alza la Voz' en cuestiones de igualdad de trato y derechos fundamentales. El programa incluyó sesiones informativas sobre mecanismos de protección ante situaciones de odio, canales para interponer denuncias y asesoramiento continuado para la prevención de nuevas vulneraciones.

Los responsables de CEAR señalaron que "las personas migrantes siguen enfrentando graves obstáculos para empadronarse, lo que les impide acceder a derechos básicos". Junto a las restricciones en el acceso a una cuenta bancaria, situaciones de discriminación laboral y la exclusión sanitaria persistieron a lo largo de 2023. El servicio de la ONG, informaron, contempla una atención integral que abarca la información, asesoría, acompañamiento y seguimiento en todos los procesos de denuncia o recuperación de las víctimas.

La entidad mostró preocupación por el avance de políticas y discursos considerados contrarios a derechos, al asegurar que este fenómeno fomenta actitudes de odio y raciales, poniendo en entredicho las garantías básicas y propiciando un aumento de incidentes discriminatorios motivados por razones étnicas o raciales. Según consignó el medio, la organización animó a las personas migrantes a denunciar y visibilizar estas prácticas, indicando que "alzar la voz" es un paso fundamental para erradicar la impunidad y evitar que casos como el de Lucrecia Pérez se repitan.

El proyecto 'Alza la Voz', detalló CEAR, busca fortalecer tanto la respuesta individual como colectiva ante el racismo y la xenofobia, facilitando herramientas informativas y acompañamiento especializado. La intervención cuenta con actividades orientadas a la prevención y a la mejora de la convivencia, así como a la denuncia de delitos de odio y la reparación de las víctimas afectadas.

En el balance anual realizado por CEAR con motivo del aniversario del crimen de Lucrecia Pérez, la organización hizo especial hincapié en la necesidad de mantener la vigilancia social y reforzar los mecanismos de protección a la población migrante. El trabajo en ciudades como Valencia, Sevilla y Madrid expuso la persistencia de desafíos relacionados con la igualdad de trato y la prevención de la exclusión, al tiempo que reflejó la importancia de la articulación entre entidades, administración pública y sociedad civil para garantizar el acceso a derechos.

Entre las áreas más afectadas, según indicó la ONG, se cuentan el acceso a la sanidad, el registro municipal, el empleo y la vivienda —todos considerados elementos esenciales para la integración—. El servicio promovido por CEAR actúa tanto en la dimensión administrativa como en el acompañamiento jurídico y psicosocial de quienes sufren discriminación, ofreciendo también espacios de formación y sensibilización a la población migrante.

La entidad insistió en que la persistencia de obstáculos en el acceso a derechos, sumada a la creciente presencia de discursos de odio y políticas restrictivas, agrava la situación de exclusión para personas de origen extranjero en España. CEAR reiteró la importancia de mantener abiertos los canales de denuncia y de reforzar las acciones formativas que permitan tanto a quienes llegan al país como a la sociedad receptora identificar y rechazar conductas discriminatorias en todas sus formas.

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