El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado este miércoles una ley que reduce de dos a una el número de sanciones administrativas requeridas para iniciar procesos penales contra agentes extranjeros por infringir sus obligaciones legales como tal, abriendo así la puerta a un aumento de condenas contra los individuos designados bajo esa etiqueta.
La nueva norma amplía así la responsabilidad penal de estas personas en cuanto a sus obligaciones para con el registro de agentes extranjeros, recogidas en el artículo 330.1 del Código Penal ruso, y se aplica también a quienes hubiesen recibido ya una condena administrativa antes de la aprobación del texto, según ha recogido la agencia rusa Tass.
De este modo, si un agente extranjero ya sancionado por la vía administrativa infringiese el apartado 1 de tal artículo, esto es, si desarrollara su actividad sin estar inscrito en dicho registro, podría recibir una multa de hasta 300.000 rublos u otra equivalente a su salario por un período de hasta dos años; podría ser condenado a trabajos forzados por hasta 480 horas o a trabajos correctivos por hasta dos años, e incluso a penas de prisión por, también, un período máximo de dos años.
Si, en cambio, cometiese una infracción recogida en los apartados 2 a 9 del mismo artículo --como proporcionar información de forma tardía o incompleta, no informar acerca de su situación o sobre sus actividades a tiempo--, podría estar sujeto a las mismas consecuencias penales que en el primer apartado en el caso de que se atestiguara reincidencia.
La ley, previamente aprobada por la Duma, pretende responder así a la situación descrita por el portavoz de la cámara, Viacheslav Volodin, quien lamentó en septiembre que "más del 40 por ciento de agentes extranjeros no cumplen con los procedimientos operativos", apuntando además a un supuesto aumento de las infracciones administrativas entre 2023 y 2024 también del 40 por ciento.
La designación de estos 'agentes extranjeros' en Rusia es criticada por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y la comunidad internacional, que consideran que estigmatiza a individuos y entidades críticas con el Gobierno.
La lista oficial, actualizada por el Ministerio de Justicia de Rusia, incluye a más de 1.000 nombres entre personas y entidades, entre ellos al menos una decena de diputados rusos. Además, las autoridades rusas han declarado "indeseables" a más de 200 organizaciones extranjeras desde el inicio de la invasión de Ucrania, de forma que sus actividades y las de aquellos que las apoyan están completamente prohibidas en territorio ruso.
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