Con Dina Boluarte cae la presidenta más impopular de Latinoamérica

David Blanco Bonilla

Lima, 10 oct (EFE).- Aunque llegó a la jefatura del Estado en diciembre de 2022 como una incógnita tras la destitución de Pedro Castillo por intentar dar un golpe de Estado, Dina Boluarte terminó convirtiéndose en la jefa de Estado más impopular de Latinoamérica, mientras los peruanos la acusaban de incapaz, frívola y hasta "asesina".

Boluarte, que fue destituida este jueves en la noche por una abrumadora mayoría del Congreso, no contó durante su gestión con un partido ni una bancada propia, aunque permaneció en el cargo durante casi tres años respaldada por agrupaciones conservadoras, como el partido fujimorista Fuerza Popular.

El partido, que lidera Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), finalmente se sumó a las voces parlamentarias que apoyaron de manera casi unánime su vacancia (destitución) por su presunta incapacidad para enfrentar el embate del crimen organizado en el país.

La gota que rebalsó el vaso fue el ataque con armas de fuego que sufrió durante la noche del domingo uno de los más populares grupos de música cumbia del país, mientras presentaba un concierto en un local del Ejército de Perú, en Lima.

Este ataque, que dejó heridos a cuatro integrantes de la agrupación Agua Marina y a un vendedor, encendió las redes sociales como un reguero de pólvora y generó el rechazo ciudadano ante lo que se consideró inacción del Ejecutivo para solucionar el incremento de la criminalidad, que afecta a todos los sectores sociales del país.

Natural de la provincia andina de Apurímac, esta abogada de 63 años llegó a la Presidencia tras ser elegida como vicepresidenta de Castillo, del que fue su ministra hasta poco antes de que intentase un golpe de Estado para evitar su destitución.

Su carrera política hasta entonces se limitaba a haber sido candidata alcaldesa del municipio de Lima donde reside. Su vida había transcurrido antes entre su familia y su trabajo como funcionaria en el Registro Civil.

Boluarte comenzó su gestión el 7 de diciembre de 2022 en medio de anuncios de fortalecimiento del sistema democrático y la economía, pero se dio de bruces con la realidad de no contar con una bancada parlamentaria propia y el rechazo de un gran sector de la ciudadanía, sobre todo de las regiones del sur del país.

El paso de los meses solo hizo empeorar su mala imagen entre los peruanos, al punto que en todos los sondeos de opinión de los últimos meses apareció como la gobernante más impopular de Latinoamérica, al contar con solo 3 % de aprobación, una cifra dentro del margen de error de las encuestas.

La permanencia de su Gobierno quedó en manos, entonces, de las fuerzas conservadoras que rechazaron diferentes propuestas para intentar sacarla del cargo, sobre todo después de que las protestas sociales que se desarrollaron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 dejaran medio centenar de personas muertas.

Hasta seis mociones previas de destitución fracasaron gracias al apoyo de partidos como Alianza para el Progreso, del gobernador regional César Acuña, y Fuerza Popular, de Keiko Fujimori.

Durante su mandato, la Fiscalía abrió a Boluarte numerosas investigaciones, tanto por la violenta represión de las manifestaciones, en los que contempla los delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves, así como por un presunto enriquecimiento ilícito en el llamado caso 'Rolexgate' tras haber exhibido joyas costosas y relojes de lujo no declarados.

La ahora exmandataria también es investigada por presuntamente haber favorecido la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido marxista Perú Libre, en el que militó hasta 2022 y cuya fórmula presidencial integró como candidata a vicepresidenta de Castillo.

Se le investiga, además, por no haber cumplido con la obligación de notificar debidamente al Congreso que iba a estar incapacitada para despachar cuando fue sometida en secreto a una serie de operaciones de cirugía estética en la nariz y el rostro.

El Ministerio Público sigue pesquisas, por otra parte, a la denuncia de que se reunió con la entonces fiscal general Patricia Benavides, destituida luego por presuntamente liderar una red corrupta en el Ministerio Público, con el supuesto fin de archivar una denuncia en su contra a cambio de mantener al director de la Policía.

El pasado 19 de agosto, el Tribunal Constitucional (TC) concluyó que se debían suspender las investigaciones, y cualquier eventual acusación, contra Boluarte hasta el término de su mandato, que debía concluir el 28 de julio de 2026, ya que contaba con la inmunidad que le otorga su cargo.

Con su destitución por una "permanente incapacidad moral", se sumó a otros mandatarios que siguieron el mismo camino desde 2018, de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) a Martín Vizcarra (2018-2020), y su antecesor Pedro Castillo (2021-2022). EFE

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