El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha propuesto llevar a juicio al gerente y administrador de la empresa española con sede social en Puerto Real y oficinas en Jerez de la Frontera, ambos municipios de la provincia de Cádiz, que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres por presuntamente espiar al fundador de Wikileaks, el activista y periodista Julian Assange, que estuvo asilado durante años en la sede diplomática.
En su auto de pase procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, el juez instructor envía a juicio a David Morales, responsable de la empresa española Undercover Global (UC Global), por haber presuntamente entregado a terceros información "ilícitamente obtenida" sobre Assange y otras personalidades.
Pedraz, que le atribuye presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas, envía también a juicio al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, en su caso por supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos.
El magistrado recuerda que entre 2015 y 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a UC Global, una empresa española con sede social en Puerto Real y oficinas en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz.
Señala que la empresa, con Morales como gerente y "máxima autoridad", fue contratada por Ecuador como consecuencia de la "sensible situación" que se vivía con el asilo concedido a Assange, acusado de espionaje por las autoridades de Estados Unidos por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal.
El juez detalla que los servicios prestados consistieron en "garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente", así como la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.
GRABACIONES DE REUNIONES "CONFIDENCIALES" Y PARA "LOS AMIGOS DE EEUU"
Según el auto, Morales dio en 2017 la orden para que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones "confidenciales" que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).
Pedraz indica que, durante el proceso de instalación de las cámaras, David Morales exigió a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo ('streaming') para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada.
A su entender, Morales "pretendía abrir dos canales de 'streaming' para el acceso online, uno oficial para Ecuador y otro para 'los amigos de Estados Unidos'".
El juez instructor considera acreditado en la investigación que Morales "efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos", canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.
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