El Tribunal Electoral de Bolivia sanciona a más de 30 medios por difundir propaganda electoral fuera de plazo

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) recomendó sanciones contra periódicos como 'El Diario', de La Paz, 'Correo del Sur', de Sucre, así como los portales informativos Urgentebo y Brújula Digital, tras la publicación de columnas de opinión entre el 15 y el 17 de agosto que habrían favorecido o perjudicado a candidatos en las elecciones generales. Según lo comunicado por la Asociación Nacional de la Prensa boliviana (ANP), estos hechos forman parte de las resoluciones adoptadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ha impuesto sanciones económicas a más de 30 medios de comunicación por difundir propaganda electoral fuera de plazo legal. De acuerdo con el medio de noticias abi, el vocal del TSE Gustavo Ávila confirmó en una rueda de prensa que más de 30 empresas periodísticas recibieron multas económicas y que la institución continuará haciendo cumplir la normativa vigente.

El Tribunal Electoral boliviano ha señalado que estas medidas responden al incumplimiento de las disposiciones sobre la difusión de propaganda electoral, estableciendo que los medios responsables enfrentarán las consecuencias legales previstas. Según detalló abi, Gustavo Ávila indicó que la ANP expresó su desacuerdo con el monto de las multas, pero el órgano electoral no tiene previsto modificar la línea de acción. El funcionario explicó que el cumplimiento de la ley es una prioridad para el TSE, razón por la que se prevé citar a los propietarios de los principales medios la próxima semana, con el objetivo de evitar lo que denominó una posible "guerra sucia informativa" de cara a la segunda vuelta, en la que compiten los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga.

Por su parte, la ANP difundió un comunicado pidiendo dejar sin efecto tanto las sanciones económicas como el posible marginamiento de, al menos, cuatro medios independientes como anunciadores en el siguiente proceso electoral. Según el texto señalado por abi, la organización solicitó al TSE la reconsideración de estas medidas porque, desde su perspectiva, afectan el ejercicio del periodismo independiente y se sitúan fuera de los marcos establecidos por estándares internacionales, la Constitución nacional y la Ley de Imprenta.

La controversia gira en torno a la interpretación de los límites legales sobre la publicación de opiniones y propaganda durante los procesos electorales. La decisión del SIFDE de recomendar sanciones se fundamentó, según el comunicado de la ANP citado por abi, en que los contenidos de opinion serían considerados como actos de propaganda. La ANP argumentó que esto representa una violación de los principios democráticos fundamentales y pidió al organismo electoral proceder a una rectificación para contribuir al fortalecimiento de los valores democráticos y el respeto a la libertad de prensa.

El TSE manifestó, de acuerdo con abi, su intención de proseguir con la aplicación de sanciones en casos similares, alegando que el cumplimiento de la ley es su principal responsabilidad. Ávila afirmó que el Tribunal continuará sancionando a los medios que difundan propaganda electoral fuera de plazo, reafirmando que las normas deben ser respetadas para garantizar la transparencia y la equidad del proceso.

La Asociación Nacional de la Prensa, conforme a lo declarado en su comunicado, insistió que las medidas adoptadas podrían sentar un precedente adverso para la labor periodística, al restringir la posibilidad de publicar opiniones en torno a las elecciones y los candidatos. La entidad calificó de desproporcionadas las sanciones y mostró preocupación por el impacto de estas decisiones en la pluralidad informativa. También recordó que el marco constitucional y la legislación boliviana amparan la libertad de expresión y el derecho a la información, principios que, a su juicio, resultarían afectados por la interpretación expandida de lo que constituye propaganda electoral.

La convocatoria del TSE a los dueños y directivos de los medios se plantea como un intento de prevenir escenarios de manipulación o difusión de información tendenciosa antes de la segunda vuelta electoral. Tal como recogió abi, el Tribunal busca preservar el orden y la legalidad durante el proceso, evitando prácticas que puedan alterar el desarrollo transparente de los comicios.

En síntesis, la sanción impuesta por el Tribunal Electoral y la reacción de la ANP ponen en evidencia distintas posiciones sobre los alcances de la legislación electoral y los límites a la libertad de prensa en tiempos electorales. La discusión permanece abierta, mientras el país se prepara para una nueva etapa electoral y las autoridades reafirman su compromiso con el cumplimiento de la normativa, enfrentando los reclamos de las organizaciones periodísticas que apelan a los tratados internacionales y a las leyes nacionales sobre medios y democracia.