Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha declarado "inconstitucional" y confirmado un bloqueo nacional a la orden ejecutiva del presidente del país, Donald Trump, que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de los inmigrantes.
La decisión se ha producido a raíz de que el Tribunal Supremo ordenase a finales de junio que los juzgados inferiores reconsideraran las medidas cautelares que habían bloqueado la implementación de la orden de Trump, así como su rango territorial. Con todo, el tribunal de apelaciones de San Francisco ha decidido que la medida cautelar emitida por un juez de Seattle que bloqueaba la orden en todo el país no representaba una extralimitación judicial.
"El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo", ha escrito el juez del tribunal de apelaciones Ronald Gould en representación de la mayoría de dos jueces a uno que ha servido para esta resolución, recogida por CNN.
En este sentido, esta corte ha concluido "que el tribunal de distrito (de Seattle) no abusó de su discreción al emitir una medida cautelar universal para brindar a los estados un alivio completo",
El juez Gould ha explicado que una orden judicial más restrictiva a nivel territorial --por ejemplo, una que afectase solo a los estados que no apelaron contra la orden-- exigiría a los estados que impugnaron la ley que revisaran sus sistemas de verificación de elegibilidad para diversos programas de servicios sociales, causando "daños irreparables".
Se trata de la primera vez que un tribunal de apelaciones concluye plenamente que la orden de Trump es inconstitucional, aunque el inquilino de la Casa Blanca podría apelar directamente al Tribunal Supremo.
De todas formas, la medida está también bloqueada a nivel nacional a raíz de que un juez federal de Nueva Hampshire prohibiera su aplicación contra cualquier infante que se viera afectado por la política en una demanda colectiva interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
El paso es un golpe para la Administración Trump después de que el Tribunal Supremo decidiera a finales de junio limitar las competencias de los jueces para paralizar las cuestionadas órdenes ejecutivas de Trump a nivel nacional dejando intacto, no obstante, el derecho a presentar demandas colectivas.
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