El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado que algunas aerolíneas 'low cost' "exprimen" a los consumidores "para ganar un euro más como puedan" y ha recalcado que la misión de su cartera es proteger a estos consumidores españoles frente a las prácticas "abusivas" de las empresas.
En una entrevista en 'Las Mañanas' de RNE, Bustinduy ha explicado que su "batalla" no es contra las aerolíneas, sino contra las 'low cost' que "incurren en prácticas ilegales y abusivas", como cobrar por la maleta de mano o por viajar al lado de menores o personas dependientes.
Por ello, el Ministerio impuso una sanción que ascendía a un total de 179 millones de euros a cinco aerolíneas 'low cost' --Ryanair, Volotea, Vueling, Norwegian y easyJet--, además de la prohibición de continuar con estas prácticas, algo por lo que, dice Bustinduy, ha recibido intentos de amedrentarle e insultos.
En concreto, ha destacado cómo el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, le "vistió de payaso" para una campaña en defensa del cobro de maletas. "Claro, es que hay mucho poder en juego, estas aerolíneas ganaron 39.000 millones de euros el año pasado", ha incidido.
En este sentido, Bustinduy ha puesto el foco en que algunas aerolíneas llegan a pagar "pluses a sus empleados en función del número de gente que embarque y que le obligan a pagar por maleta".
"Yo estoy aquí para defender a los consumidores españoles", ha esgrimido, alegando que las compañías están persiguiendo un modelo "lucrativo, especulativo, abusivo e ilegal", por lo que su obligación es "defender a los consumidores", algo que va a hacer "las veces que haga falta, contra quien haga falta y donde haga falta".
Las sanciones del Ministerio a las aerolíneas, que han sido recurridas por estas, están siendo estudiadas en Bruselas, a donde también llegó una denuncia por parte de las asociaciones de consumidores europeas. Además, se está debatiendo cómo incorporar esta práctica en el nuevo reglamento europeo de derechos de los pasajeros aéreos.
No obstante, Bustinduy ha recalcado que España ha sido el primer país en tomar medidas contra esto, pero "no va a ser el único" y se ha mostrado seguro de que van a "ganar".
"AGRADEZCO QUE HAYA EMPRESAS QUE DECIDAN COOPERAR"
El ministro también ha abordado la cuestión de los pisos turísticos, un tema que ha enfrentado al departamento gubernamental con el Ayuntamiento de Madrid.
En la capital, Consumo ha detectado que hay 15.000 pisos turísticos operando sin licencia y le han enviado al alcalde, José Luis Martínez Almeida, la dirección postal de unos 3.500 para "facilitar las inspecciones" y "posibles sanciones". Sin embargo, Bustinduy lamenta que el Ayuntamiento "no ha hecho absolutamente nada" y que, además, "se vanagloria de ello".
"Lo que ha hecho el Ministerio de Consumo es hacer el trabajo que no ha hecho el Ayuntamiento, recabar la información sobre cuántos pisos, cuántos anuncios de pisos turísticos ilegales hay", ha declarado.
Por ello, "como no hicieron nada", decidieron buscar las direcciones de los pisos y enviárselas para recordar que "la competencia para ir allí, tocar la puerta, inspeccionar, cerrarlos y sancionar por una actividad ilegal es suya, hágalo". No obstante, ha criticado que "no lo hacen".
Para explicarlo, ha indicado que detrás de muchos pisos hay fondos de inversión que están "lucrándose de manera extraordinaria con esto" y, por ello, "se consiente".
Por otro lado, ha recordado que el Ministerio ha ganado dos veces a Airbnb en los tribunales, obligándole a eliminar 65.000 anuncios "ilegales", aunque después la plataforma se ofreció a cooperar. "Esto es un poco David contra Goliath porque el Ministerio de Consumo tiene pocos recursos y estas plataformas multinacionales muchísimos", ha subrayado.
Tras esta victoria judicial, Booking también se decidió a cooperar, lo que Bustinduy tilda de "avance". "Yo agradezco que haya empresas que decidan cooperar con las administraciones en lugar de declararse en rebeldía pensando que este país es la ley de la selva y que pueden hacer lo que quieran", ha comentado.
Por último, ha recordado que en España "rige la ley" y que "tiene que regir la ley", por lo que el Ministerio de Consumo "la va a aplicar contra quien sea, por poderoso que sea quien haya enfrente".
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