El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha firmado este domingo el decreto que abre la puerta a la salida de Ucrania de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona, un tratado ratificado por más de treinta países que prohíbe la adquisición, producción, almacenamiento y uso de este tipo de armamento de carácter indiscriminado.
Zelenski respalda así la medida del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, que aprobó la salida del tratado, según ha informado un portavoz del Servicio de Seguridad de Ucrania, el coronel Roman Kostenko, en redes sociales. Restaría todavía la aprobación definitiva de la salida del tratado, una decisión que corresponde al Parlamento unicameral ucraniano, la Verjovna Rada.
"Me acaban de informar que el Presidente de Ucrania ha firmado un decreto por el que entra en poniendo en vigor la decisión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania de retirar nuestro Estado de la Convención de Ottawa, un tratado internacional que prohíbe el uso, acumulación y producción de minas antiinfantería", ha publicado.
"Este es un paso que la realidad de la guerra exigía desde hace mucho tiempo. Rusia no es parte de esta convención y aplica masivamente minas contra nuestros militares y civiles. No podemos permanecer atados cuando el enemigo no tiene limitaciones", ha argumentado.
La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona, un tratado ratificado por más de treinta países con el objetivo de bloquear la adquisición, producción, almacenamiento y uso de este tipo de armamento, se encuentra actualmente en peligro a medida que avanza la invasión rusa de Ucrania.
Otros países de la zona como Polonia, Letonia, Estonia o Finlandia gestionan también su salida de esta convención para garantizar así la seguridad de sus fronteras ante una posible agresión. Estos países, que comparten frontera con Rusia y forman parte de la OTAN, insisten en que la convención limita sus posibilidades de defensa en un momento de gran inestabilidad geopolítica.
El también llamado Tratado de Ottawa se remonta a 1997, aunque su entrada en vigor no tuvo lugar hasta 1999, pocos años después de la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. En la actualidad, son más de 160 los países que han suscrito el pacto, que no pone coto a la utilización de minas anticarro --cuyo uso se encuentra regulado por otros tratados internacionales--.
A los países del bloque comunitario se suman, como firmantes, la mayoría de los países de África y Asia, si bien grandes potencias como Rusia, China, India, Estados Unidos o Israel se mantienen al margen, una decisión que ha sido criticada en numerosas ocasiones por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
Más de medio centenar de países se encuentran plagados de estas minas, con Ucrania al frente de la lista como el país más minado. Desde Amnistía Internacional, recuerdan que estas minas son artefactos explosivos que explosionan de forma "indiscriminada" e "imprecisa" y que son diseñados para detonar cuando alguien se acerca a ellos. "El Derecho Internacional prohíbe tanto el uso de armas indiscriminadas como los ataques indiscriminados que ponen en peligro la vida de civiles. Estos ataques perpetrados de forma deliberada constituyen crímenes de guerra", aseguran.
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