Amnistía condena la ejecución en Japón de Takahiro Shiraishi como un enorme paso atrás para los DDHH en el país

Amnistía Internacional ha condenado la ejecución este viernes de Takahiro Shiraishi, la primera en casi tres años, como un enorme retroceso para los Derechos Humanos del país y su "injusto sistema" judicial.

Shiraishi fue condenado por el asesinato de nueve personas en los alrededores de la capital, Tokio, unos hechos que provocaron que recibiera el nombre de 'el asesino de Twitter'. Shiraishi, de 34 años, fue condenado a muerte en 2020 por el asesinato, desmembramiento y almacenamiento de los cuerpos de sus nueve víctimas en su apartamento en la localidad de Zama, ubicada en la prefectura de Kanagawa. Se declaró culpable de los asesinatos durante el juicio.

No obstante, y como ha hecho en innumerables ocasiones previamente, Amnistía ha denunciado el uso de la pena de muerte como un castigo inhumano e inservible antes de insistir en su inmediata abolición en todo el mundo. "La ejecución de Takahiro Shiraishi, la primera en Japón en casi tres años, es el último ataque cruel al derecho a la vida en Japón y un importante revés para el historial de derechos humanos del país", ha lamentado la asesora para DDHH de Amnistía, Chiara Sangiorgio, en un comunicado.

Sangiorgio recuerda la absolución, el año pasado, de Iwao Hakamada, un hombre que se pasó más de 50 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió y acabó con graves problemas mentales por el régimen de aislamiento en el que se encontraba, "un caso que dejó al desnudo la injusticia del sistema penal de Japón".

"Ahora, en lugar de avanzar hacia la reforma y las garantías de la plena protección de los Derechos Humanos, el Gobierno ha optado por reanudar las ejecuciones, en un enorme revés para los esfuerzos por erradicar la pena de muerte en Japón", ha añadido la activista, quien recuerda que 113 países en todo el mundo han abolido por completo la pena de muerte en su legislación, y más de 144 la han abandonado en la legislación o en la práctica.

Sangiorgio además lamenta el "secretismo que sigue rodeando la notificación de las ejecuciones, lo que vuelve todavía más cruel el uso de este castigo".