El Gobierno ha lamentado que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya impuesto sanciones a cuatro juezas del Tribunal Penal Internacional (TPI), a la vez que ha rechazado "cualquier tipo de interferencia a su labor".
La oficina liderada por Marco Rubio anunció el jueves estas últimas sanciones, dirigidas contra la ugandesa Solomi Blungi Bossa, la peruana Luz del Carmen Ibáñez, la beninesa Reine Alapini Gansou y la eslovena Beti Holer, por su responsabilidad en las investigaciones sobre la actividad de Estados Unidos en Afganistán o sobre la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza.
Para el TPI, los castigos "constituyen un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional que opera bajo el mandato de 125 Estados partes en todo el mundo".
En un comunicado, el Gobierno español ha mostrado su firme apoyo al TPI, "piedra angular del sistema de justicia penal internacional", destacando al mismo tiempo que su labor es "esencial para la rendición de cuentas frente a los crímenes más graves contra la humanidad".
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, el TPI recibe su mandato de los 125 Estados miembros del Estatuto de Roma. "Su labor es clave para la reparación de las víctimas y para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales", ha defendido.
Por último, el Gobierno ha confirmado que España seguirá cumpliendo con sus obligaciones conforme al Estatuto de Roma y del Derecho Internacional, "respetando y garantizando la plena jurisdicción de la Corte".
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