
El Senado de Italia ha dado este miércoles el aval final a un polémico decreto sobre seguridad impulsado por el Gobierno de Giorgia Meloni y que plantea una batería de nuevos delitos y endurecimientos de penas frente a la ocupación de viviendas o los cortes de carreteras.
Senadores de grupos de la oposición, entre ellos el Partido Democrático (PD) y el Movimiento 5 Estrellas (M5S), han protagonizado una simbólica sentada en la Cámara Alta al grito de "vergüenza", para evidenciar su oposición a una ley que el Ejecutivo ha sacado adelante mediante una cuestión de confianza.
La medida, que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados a finales del mes pasado, ha recibido en el Senado 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención. Introduce 14 nuevos delitos, entre ellos el de ocupación ilegal de una propiedad privada, y una batería de circunstancias agravantes.
La oposición y organizaciones de la sociedad civil han salido a la calle para protestar contra esta revisión, cuestionando por ejemplo que se persigan movimientos de desobediencia como cortes de carreteras o se introduzcan nuevas protecciones para los miembros de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, Meloni ha destacado tras la aprobación que Italia da "un paso decisivo para reforzar la protección de los ciudadanos, de los colectivos más vulnerables y de los hombres y mujeres uniformados". Asimismo, ha destacado que se proteja a las familias y "propietarios honestos" de las "injusticias intolerables" en caso de ocupación ilegal.
"La legalidad y la seguridad son pilares de la libertad. Y seguiremos defendiéndolas con determinación", ha prometido la primera ministra, cuyo partido, Hermanos de Italia, gobierna en coalición con otras dos formaciones de derechas --la Liga y Forza Italia--.
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