El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha dado 'luz verde' este viernes a una resolución que extiende hasta 2026 el embargo de armas a Sudán del Sur y prorroga las sanciones individuales a personas que socaven el acuerdo de paz de 2018.
El texto --presentado por Estados Unidos y aprobado con nueve votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones, entre ellas China y Rusia-- permite renovar el mandato del grupo de expertos de la comisión de sanciones hasta 2026.
El representante estadounidense ante la ONU, John Kelly, ha señalado que "la escalada de violencia de los últimos meses ha llevado a Sudán del Sur al borde de la guerra civil". "El pueblo sursudanés merece un proceso político pacífico y el fin de la violencia. Los líderes de Sudán del Sur deben reducir la tensión política y la violencia, evitar la guerra civil, negociar de buena fe y restablecer la paz", ha declarado.
Asimismo, ha instado al Gobierno de transición a "adoptar todas las medidas necesarias para avanzar en el acuerdo de paz y concluir el periodo de transición". "Agradecemos la renovación del embargo de armas por parte del Consejo, que sigue siendo necesario para frenar el flujo desenfrenado de armas hacia una región que sigue estando plagada de armas", ha agregado.
Por su parte, la representante de Sudán del Sur ante la ONU, Cecilia Adeng, ha resaltado que el "levantamiento de las sanciones y el embargo de armas no es solo una cuestión de seguridad nacional o soberanía, sino también de oportunidades económicas y dignidad".
"Las sanciones recaen no solo sobre el Gobierno, sino también sobre la ciudadanía. Estas medidas obstaculizan el crecimiento, retrasan el desarrollo, desalientan la inversión extranjera y dejan al Estado vulnerable a actores no estatales y al margen de la ley", ha criticado.
El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, promulgó en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.
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