Pedro Pablo Cortés
Miami, 29 may (EFE).- Agrupaciones civiles se movilizaron este jueves contra la ley SB 4-C, que convierte en un crimen estatal la migración irregular en Florida y que simboliza que el estado tiene una de las políticas más agresivas contra los inmigrantes indocumentados, según afirman.
Las mayores organizaciones proinmigrantes del estado protestaron frente a la corte Wilkie D. Ferguson de Miami para denunciar que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el fiscal general del estado, James Uthmeier, han permitido el arresto de 15 personas, incluyendo una estadounidense, bajo esta ley pese a una orden judicial que impide su aplicación.
"Esto realmente es parte de un esfuerzo mucho mayor del estado de Florida y de la Administración Trump para hacer invivible la vida de las comunidades de inmigrantes a lo largo del país", declaró a EFE Cody Wofsy, subdirector del proyecto de los derechos de inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).
El abogado sostuvo que "Florida tiene una de las políticas estatales más draconianas sobre inmigración" en Estados Unidos, como la SB 4-C, aprobada en febrero y que convierte en delito grave la entrada al estado de migrantes indocumentados, por lo que los policías estatales pueden arrestarlos.
Esto en un contexto en el que uno de cada cinco residentes es inmigrante en Florida, donde hay unas 5 millones de personas nacidas en el extranjero y más de 1,1 millones de indocumentadas, según la organización American Immigration Council.
"Florida ha estado experimentando por años maneras de hacer más difíciles las vidas de los inmigrantes, dificultar que vayan al trabajo, críen a sus hijos, vean al doctor, hacer todas las cosas que hacemos en el día a día, pero vemos a otros estados tratando de seguir el liderazgo de Florida", advirtió el activista de ACLU.
La protesta de grupos como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC, en inglés) y la Asociación Campesina de Florida (FWAF) ocurrió durante una audiencia en la Corte de Distrito de Sur de Florida en la que los activistas acusan de desacato al fiscal Uthmeier.
Los demandantes argumentan que el procurador desobedeció la orden judicial del 4 de abril que suspendió de forma temporal la aplicación de la SB 4-C porque el fiscal envió una carta el 23 de abril a policías en la que señalaba que el fallo no aplicaba para ellos, por lo que podían seguir arrestando migrantes.
Las organizaciones civiles compararon esto con la actitud del presidente Donald Trump, al que acusan también de desobedecer órdenes judiciales sobre migración, como la deportación del salvadoreño Kilmar Abrego García y la expulsión a Sudán del Sur de ocho migrantes, incluyendo dos cubanos y un mexicano.
"El Poder Judicial está siendo culpado por líderes hambrientos de poder como Ron DeSantis y Donald Trump por defender la Constitución. Es una táctica autocrática", expresó Elena Muñoz, activista de organizaciones como el Instituto Pedro Arrupe y Americans for Immigrant Justice.
Florida ha sido líder en la aplicación de la política migratoria de Trump, pues DeSantis ha aprobado leyes estatales que prohíben las ciudades santuario y multan con hasta 5.000 dólares o suspenden a funcionarios que incumplan estas disposiciones.
El gobernador presentó hace dos semanas un plan migratorio al Gobierno federal para usar a elementos de la Guardia Nacional floridana como jueces para deportar inmigrantes y que la Patrulla de Carreteras de Florida haga sus propias redadas migratorias.
Además, ha habido redadas en sitios de construcción en lugares como The Villages y Tallahassee, así como operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fuera de las cortes migratorias, denunció Thomas Kennedy, consultor y analista de la FLIC.
"Lo que crea es un miedo terrible en la comunidad. La gente tiene miedo a ir a trabajar, tiene miedo a ir a sus audiencias de migración, crea un un clima persecutorio, hostil, caótico, en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades", comentó a EFE Kennedy.
El Estado del Sol fue escenario de un operativo que marcó un récord en arrestos en una batida en un solo estado en la historia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) con más de 1.100 detenciones en una semana el mes pasado. EFE
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