El director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha informado este miércoles de que España no tendrá en cuenta aquellas sugerencias realizadas por países europeos "claramente elaboradas" por parte de la industria tabacalera, en relación con su proyecto de Real Decreto para regular determinados productos relacionados con el tabaco como cigarrillos electrónicos, productos a base de hierbas calentadas o bolsas de nicotina.
"Algunos países han dicho que no les gusta esta reforma. Otros muchos no. Estamos elaborando la respuesta a estos países. Ese proceso de diálogo terminará a finales de julio. Una vez termine ese proceso, continuaremos con la tramitación legislativa", ha declarado Gullón durante una rueda de prensa organizada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) de cara al Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el próximo sábado.
Italia, Suecia, Grecia, Rumanía y República Checa han acusado a España de limitar de manera injustificada la libre circulación de mercancías, atentando contra el artículo 34 de la UE y, si bien Gullón ha recalcado que están revisando todas las sugerencias, no tendrán en cuenta las elaboradas por la industria tabacalera.
"Bueno, estamos revisando todas ellas. Pero aquellas que son claramente, y lo sabemos, que son respuestas elaboradas claramente por la industria del tabaco, no se van a tener en cuenta", ha explicado.
Tras ello, ha subrayado que una de sus principales misiones con este Real Decreto es introducir los nuevos elementos y las nuevas formas de consumo de productos relacionados con el tabaco, que son una "puerta de entrada" al consumo de tabaco convencional, especialmente entre los más jóvenes, además de suponer un riesgo para la salud de sus consumidores.
La Comisión Europea, por su parte, también ha remitido dictamen razonado y ha formulado varias observaciones, poniendo el foco en las definiciones de "cigarrillo electrónico desechable" y "producto relacionado", que considera "más amplias" que las establecidas en la normativa europea. "La definición introducida por España genera confusión sobre el ámbito de aplicación de los requisitos pertinentes", ha señalado la Comisión en su informe.
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