La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ha sostenido que la "justicia no se negocia con nadie" y que las "agendas ajenas" no van a dirigir sus actuaciones al frente del Ministerio Público, tras la visita al país de la relatora de la ONU para la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, quien dijo constatar una "instrumentalización" de la Justicia para perseguir a grupos específicos.
"El Ministerio Público no actúa por presiones ni por agendas ajenas a su mandato, nos guía únicamente la ley y esperamos lo mismo de quienes nos observan: Respeto a nuestra independencia, a la institucionalidad guatemalteca y apertura al diálogo responsable", ha declarado Consuelo Porras en un vídeo desde la cuenta del organismo público en la red social X acompañado del mensaje "Ministerio Público ante la visita de la Relatora Especial de la ONU".
Asimismo, ha agradecido a los funcionarios de Justicia el trabajo que realizan con "valentía y profesionalismo" y ha mantenido que el Ministerio "está cumpliendo con su deber".
"En un Estado de derecho, la posibilidad de investigar a cualquier persona, sin importar su cargo o condición, es una garantía de legalidad, no una amenaza, menos criminalizar a nadie", ha afirmado Porras.
Satterthwaite subrayó el pasado viernes tras su visita al país que existía información "creíble y profundamente preocupante" para certificar influencias "indebidas" en las designaciones de los cargos judiciales, "incluido el tráfico de votos, la coacción a miembros de las Comisiones de Postulación y procesos de evaluación viciados".
"La instrumentalización del derecho penal por parte del Ministerio Público parece equivaler a una privación sistemática, intencionada y grave de los Derechos Humanos fundamentales dirigida contra grupos específicos", sostuvo la experta de la ONU.
En este sentido, instó al Ministerio Público a detener este tipo de prácticas y afirmó que el Gobierno de Guatemala "debe adoptar todas las medidas disponibles para poner fin" a la situación de criminalización en que se encuentra.
"Esta persecución parece intensificarse, ya que quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los Derechos Humanos, o denunciar los abusos de poder; se enfrentan cada vez más al acoso digital, las amenazas y la imposición de cargos penales", aseveró la relatora.
De igual manera, recordó que el año 2026 es clave para la reconfiguración de las administraciones de justicia en el país ya que se eligen magistrados para el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General.
El Ministerio Público ordenó la detención del viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, Luis Pacheco, el pasado mes de abril por "terrorismo" y "asociación ilícita" en una investigación centrada en las manifestaciones que tuvieron lugar en octubre de 2023 tras la victoria del actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, contra Porras por tratar de impugnar su victoria. El choque entre Gobierno y Ministerio Público es constante desde la llegada al poder de Arévalo.
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