Washington, 22 may (EFE).- Un juez federal bloqueó temporalmente este jueves la orden ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, que desmantela el Departamento de Educación y exigió la reincorporación de los miles de empleados despedidos.
El magistrado Myong Joun falló en Boston a favor de una demanda presentada por una coalición de 21 estados de gobiernos demócratas, la Federación Americana de Maestros y dos distritos escolares de Massachusetts, que pedían detener la orden de Trump firmada el pasado 20 de marzo.
La decisión impide temporalmente la implementación de la orden ejecutiva, mientras se desarrolla el caso.
Los demandantes argumentaron que Trump "no tiene ninguna autoridad" para cerrar agencias, como el Departamento de Educación, autorizadas por el Congreso.
La orden ejecutiva implementó el despido de cerca de la mitad de la plantilla del Departamento de Educación y la transferencia "inmediata" de la gestión de préstamos estudiantiles y los servicios de educación especial fuera del Departamento.
Joun escribió en su fallo que la orden revela "ampliamente que la verdadera intención" de la Administración Trump "es desmantelar el departamento sin una ley que lo autorice".
La decisión del juez representa un nuevo revés para la Casa Blanca en su meta de deshacerse de este departamento aprobado en el Congreso en 1979, a pesar de la oposición republicana.
La Casa Blanca anunció enseguida que impugnará la decisión, a su vez que cargó contra el juez, siguiendo con la práctica del presidente Trump de criticar las órdenes judiciales en contra de sus medidas, dijo en un comunicado Madi Biedermann, subsecretaria adjunta de comunicaciones del Departamento de Educación.
"Me alienta el fallo judicial de hoy que restituye a los empleados despedidos en sus puestos mientras nuestro caso avanza", dijo en un comunicado el fiscal de California, Rob Bonta, que encabezó la demanda.
El demócrata dijo que seguirán luchando para revertir de forma permanente el desmantelamiento del Departamento de Educación.
La fiscal general de Arizona, Kriss Mayes, que hace parte de la demanda, dijo que la querella legal busca proteger la financiación y los servicios de los que dependen múltiples escuelas. EFE
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