Roma, 22 may (EFE).- Italia y Dinamarca han impulsado una carta en la Unión Europea, firmada ya por otro siete países, para modificar la Convención Europea de Derechos Humanos, entre otros textos, y pedir más margen nacional para expulsar a inmigrantes con delitos.
"Queremos abrir el debate público sobre algunas convenciones europeas y la capacidad que tienen hoy, tras varios décadas de su firma, de afrontar los grandes temas de nuestro tiempo, partiendo de la inmigración", explicó en una rueda de prensa la primera ministra Giorgia Meloni, acompañada por su homóloga danesa, Mette Frederiksen
Meloni explicó que el objetivo de esta iniciativa "no es debilitar las convenciones europeas o los valores que las encarnan sino reforzarlas" para "hacerlas más capaces para responder a los problemas" que deben gestionar.
La mandataria italiana citó como "ejemplo" la Convención Europea de Derechos Humanos, firmada en Roma en 1953 y cuya aplicación, reprochó, en ocasiones ha impedido expulsar a inmigrantes "manchados con delitos graves".
"Ante interpretaciones así, debemos preguntarnos si los textos a los que hacemos referencia son efectivamente capaces de responder a los exigencias de los ciudadanos y a los valores que queremos defender", cuestionó la política ultraderechista italiana.
A su lado, Frederiksen, líder del Partido Socialdemócrata danés, le dio "toda la razón" y aseguró que, pese a las distancias ideológicas, aspiran a "dar mayor seguridad a los europeos".
"No podemos garantizar la seguridad de nuestros pueblos y de Europa si no controlamos nuestras fronteras exteriores", afirmó la política danesa, que subrayó la urgencia de abordar una "inmigración descontrolada" a nivel comunitario.
La carta ya ha sido firmada, además de por Meloni y Frederiksen, por el canciller de Austria, Christian Stocker, y por los primeros ministros de Chequia, Petr Fiala; de Letonia, Evika Silina; de Polonia, Donald Tusk; de Bélgica, Bar De Wever; de Estonia, Kristen Michal y por el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda.
"Queremos abrir una reflexión seria y valiente", resumió Meloni.
En la misiva, difundida tras la rueda de prensa, los firmantes aseguran representar a "sociedades que protegen los Derechos Humanos" pero defienden la reforma de estas convenciones fundacionales porque, aseveran, "el mundo ha cambiado".
"En las últimas décadas la migración irregular ha representado significativamente en Europa. Muchos llegaron por vías legales. Han aprendido nuestras lenguas, creen en la democracia, contribuyen a nuestras sociedades y han decidido integrarse en nuestra cultura. Otros han llegado y han optado por no integrarse, aislándose en sociedades paralelas y distanciándose de nuestros valores fundamentales de igualdad, democracia y libertad", avisan.
Por eso, Italia, Dinamarca y el resto de firmantes creen que los países "deberían tener más margen" para decretar la expulsión de ciudadanos extranjeros culpables de delitos graves, violentos o relacionados con el narcotráfico.
"Necesitamos más libertad para decidir cómo nuestras autoridades pueden rastrear, por ejemplo, a los criminales extranjeros que no pueden ser deportados de nuestros territorios (...) Necesitamos ser capaces de adoptar medidas hostiles y efectivas para contrarrestar a los Estados que intentan utilizar nuestros valores y derechos contra nosotros. Por ejemplo, instrumentalizando a los migrantes en nuestras fronteras", apelan.
Meloni espera en las próximas semanas el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europeo sobre los controvertidos centros para inmigrantes que ha construido en territorio de Albania, que no han podido funcionar aún plenamente por la negativa de los jueces italianos a convalidar el arresto en ellos. EFE
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