Entidades sociales ven "margen de mejora" en el Reglamento de Extranjería y piden aprobar la ILP de regularización

Las entidades sociales Red Acoge, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Servicio Jesuita Migrantes (SJM), Cáritas y Andalucía Acoge ven "margen de mejora" en el nuevo Reglamento de Extranjería y han pedido aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de migrantes.

A juicio de estas entidades, el nuevo reglamento, que ha entrado en vigor este martes, "no va a resolver de manera inmediata la situación de irregularidad en la que se encuentran miles de personas". Por ello, destacan la necesidad de aprobar en paralelo la ILP, como vía para "garantizar derechos" a miles de personas que viven y trabajan en España.

Las cinco entidades hicieron llegar propuestas concretas durante el proceso de reforma del Reglamento de Extranjería. Aunque algunas fueron recogidas, quedaron fuera demandas que consideran "clave", como facilitar la reagrupación familiar o permitir el acceso a una cédula a personas sin pasaporte.

Entre los aspectos positivos de la norma recalcan la flexibilización de determinados requisitos que permitirán la regularización de algunas personas extranjeras que estén en situación administrativa irregular en territorio español. En el caso del arraigo social se reduce en un año el tiempo de residencia exigido para poder solicitarlo y el arraigo socioformativo permite trabajar hasta 30 horas mientras se realiza la formación y una vez finalizada se podrá cambiar el permiso de residencia por uno de trabajo presentando una oferta o contrato laboral.

"Sin embargo, se mantiene que para un número muy importante de personas sea necesario vivir al menos dos años de manera irregular -con el impacto que esto tiene en sus condiciones de vida- para poder acceder a una autorización de residencia y trabajo", lamentan.

En este sentido, alertan de las "graves consecuencias" que tendrá la aplicación del reglamento para personas solicitantes de asilo cuyas solicitudes sean rechazadas o que han desistido de sus solicitudes por temor a las consecuencias de la nueva regulación de extranjería.

Estas personas, explican que durante el periodo de tramitación de la solicitud, que suele estar entre uno y dos años, cuentan con una autorización para permanecer y trabajar en el Estado español. "Con la reforma del reglamento, la denegación de la solicitud de asilo supondrá para decenas de miles de personas no solo la pérdida de esta autorización, sino que, deberán esperar dos años más para poder solicitar una autorización por arraigo, porque no se les reconocerá el tiempo de permanencia previo", exponen.

De esta forma, consideran que el nuevo Reglamento de Extranjería genera que "personas y familias que se encuentran trabajando formalmente, cotizando y desarrollando sus proyectos de vida con reconocimiento de derechos en España, sean penalizadas dejándolas en situación administrativa irregular, perdiendo los derechos reconocidos".

Finalmente, respecto a las instrucciones aprobadas por el Gobierno para aclarar cuestiones de la norma. La entidades apuntan que demuestran una "voluntad de mejora" del reglamento. En todo caso, las entidades dicen que "llegan tarde" y que "no son la vía adecuada para introducir algunas medidas de calado que recogen, debido a la poca seguridad jurídica que generan".