La Comisión Europea ha presentado este martes una propuesta de base legal para que los Estados miembros tengan más margen a la hora de categorizar los 'terceros países seguros', una vía que abriría la puerta a agilizar deportaciones de solicitantes de asilo y que contempla, entre otras cosas, que no tenga por qué existir un vínculo entre el migrante y el lugar al que es trasladado.
Bruselas recoge el guante del Pacto sobre Migración y Asilo, que ya planteaba una revisión sobre la materia antes de junio de 2025, en un momento en el que crece el debate en el seno de la UE en cuanto a la manera de gestionar no sólo el flujo de llegadas de migrantes sino también las deportaciones.
El Derecho comunitario actual obliga a que las autoridades nacionales demuestren que existe una conexión entre un solicitante de asilo y un tercer país en caso de deportaciones, pero la Comisión Europea busca en su propuesta --pendiente en cualquier caso de que el Consejo y la Eurocámara negocien su forma definitiva-- que no tenga por qué haber vínculo.
El marco legal presentado estipula que "ya no será obligatoria" dicha relación y que bastaría por tanto que el Estado miembro de la UE en cuestión lo acreditará en su legislación interna, por ejemplo mediante acuerdos como el que Italia ha suscrito con Albania o como el que en su día intentó concretar Reino Unido con Ruanda.
Bastará con acreditar que existe una "protección efectiva" en este tercer país, si bien Bruselas, que no propone una lista cerrada de países, matiza en su hoja de ruta que no puede afectar a menores no acompañados.
El plan contempla, además, que para "reducir los retrasos procedimentales y prevenir abusos", los recursos que puedan presentarse contra consideraciones relativas a este sistema ya no impliquen una suspensión "automática" de los procedimientos.
EN BUSCA DE UN SISTEMA "MÁS EFICAZ"
La vicepresidenta de la Comisión para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha destacado en un comunicado que, si prospera la idea, los países podrán gestionar "de manera más eficaz" sus sistemas de asilo al tiempo que se garantiza "el pleno respeto" de los derechos fundamentales y se trabaja con socios internacionales "fiables".
En la misma línea, el comisario de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, ha señalado que la revisión del concepto es "otra herramienta" al servicio de los Estados, que "han sufrido una significativa presión migratoria en la última década", si bien en su nota el Ejecutivo de Ursula von der Leyen no alude a situaciones concretas.
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