Guayaquil (Ecuador), 17 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió este sábado a la nueva Asamblea Nacional (Parlamento) un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica para "desarticular las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno" que él declaró a inicios de 2024 para combatir a las bandas del crimen organizado que operan en el país.
Este proyecto, enviado por Noboa desde Roma, a donde viajó el viernes para asistir a la misa de inicio de pontificado del papa León XIV, es el primero que remite tras la conformación esta semana de la nueva Asamblea, presidida por su exministro de Turismo Niels Olsen, y con asambleístas de su partido Acción Democrática Nacional (ADN) al frente de la mayoría de las comisiones legislativas.
"Recibimos el proyecto de ley para desarticular la economía criminal ligada al conflicto armado interno, enviado por el Ejecutivo con carácter urgente en materia económica", confirmó Olsen en su cuenta de la red social X.
"Sabemos lo importante que es para el país avanzar en seguridad y enfrentar con firmeza a los grupos criminales. Vamos a tratar este proyecto con toda la responsabilidad y urgencia que el momento exige", mencionó.
La propuesta "establece medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno, así como a proteger a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema económico y financiero del Ecuador y la reactivación económica en zonas afectadas", señaló el Gobierno en un comunicado.
El proyecto de ley busca que se establezca la autorización del uso de la fuerza de las fuerzas gubernamentales como régimen propio distinto a la ley del uso progresivo de la fuerza, que se califique a los delincuentes como combatientes, y que el presidente pueda anunciar que indultará a miembros de la Policía o Fuerzas Armadas procesadas por hechos relacionados con el conflicto.
Además, propone medidas de protección de la economía formal a través de incentivos a la formalización, sostenibilidad fiscal en zonas críticas y recuperación de ingresos tributarios afectados por economías criminales.
El proyecto plantea reformas al código penal para tipificar como delito la pertenencia a un grupo armado organizado, lo que será sancionado con hasta 26 años de prisión, mientras que quienes dirijan o financien a estas organizaciones podrán recibir condenas de hasta 30 años de cárcel.
Asimismo busca que se imponga "como regla general en delitos contra los bienes y personas protegidos por el derecho internacional humanitario durante el conflicto armado interno" la prisión preventiva para los detenidos.
También se detallan reformas a la Ley de Régimen Tributario y a otras normativas relacionadas con la seguridad y el lavado de activos.
"Ecuador se enfrenta hoy a una amenaza sin precedentes, un conflicto armado interno que conlleva la emergente necesidad de proteger a la ciudadanía de la acción de grupos criminales organizados imbuidos en actividades ilícitas transnacionales, que han tejido complejas redes económicas que les permiten financiar sus operaciones, corromper instituciones, expandir su influencia territorial y perpetuar un ciclo de violencia que enluta a nuestras familias y amenaza la estabilidad de la República", reza el documento.
Noboa declaró en 2024 el estado de "conflicto armado interno" con el objetivo de combatir a las bandas del crimen organizado locales a las que pasó a denominar como "terroristas", y que son las principales causantes de la escalada de violencia que llevó al país a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios en 2023.
Y aunque el año pasado hubo una reducción de este índice, en 2025 la violencia ha vuelto a repuntar hasta alcanzar el promedio de un asesinato por hora, el inicio de año más violento de la historia de Ecuador.
Este es uno de los proyectos que Noboa tiene previsto enviar en estos días al Legislativo, según adelantó el jueves el ministro de Gobierno, José De la Gasca. Debido a la denominación de urgente en materia económica, los asambleístas tienen 30 días para tratar esta propuesta. EFE
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