San Salvador, 13 may (EFE).- Amnistía Internacional (AI) exigió este martes la liberación de un abogado ambientalista y de un líder comunitario detenidos en el contexto de una concentración de pobladores de una comunidad que piden detener un desalojo por una orden judicial.
Se trata del joven defensor de derechos ambientales y abogado Alejandro Henríquez y del pastor evangélico y presidente de la cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez.
La noche del lunes, un grupo de pobladores de una comunidad rural e integrantes de la Cooperativa El Bosque se concentraron en las cercanías de un exclusiva residencia en la que habita el presidente Nayib Bukele para pedir ayuda, pero agentes de la Policía intentaron detener a varias de estas personas sometiéndolas, según las publicaciones de medios locales.
El uso de la fuerza, de acuerdo con un comunicado de una veintena de organizaciones de la sociedad civil, habría afectado también a defensores de derechos humanos y "periodistas comunitarios que daban cobertura a la manifestación pacífica".
"Exigimos la libertad de las personas detenidas solo por ejercer sus derechos, el respeto al derecho a la protesta pacífica y una solución digna para las más de 300 familias afectadas. La represión no puede ser la respuesta del Estado ante demandas legítimas", apuntó AI en un hilo de mensajes en X.
La organización señaló que "reprimir la protesta social es una práctica autoritaria y su criminalización pone en riesgo a quienes alzan la voz frente a la injusticia".
De acuerdo con AI, "más de 300 familias de las comunidades El Bosque en Santa Tecla (centro) enfrentan un desalojo inminente" y "frente a esta amenaza, se manifestaron de forma pacífica para defender su derecho a una vivienda digna".
"El Estado los reprimió utilizando, por primera vez, a la Policía Militar -una fuerza sin facultades para tareas de orden y seguridad pública-", lamentó.
Organizaciones no gubernamentales salvadoreñas rechazaron las "recientes agresiones cometidas por el Estado salvadoreño" contra los pobladores, incluidos ancianos y niños.
Señalaron a la fuerzas estatales de "uso excesivo de la fuerza, detenciones, obstaculización del derecho a manifestarse pacíficamente y al ejercicio periodístico, amenazas".
De acuerdo con publicaciones de medios salvadoreños, estas personas han denunciado que unas 300 familias serán desalojadas de las tierras en que habitan hace décadas el 22 de mayo próximo por orden judicial tras un proceso legal en el que han dicho fueron estafados.
La Policía Nacional no se ha pronunciado sobre lo sucedido la noche del lunes, tampoco ha brindado información sobre el arresto del joven Henríquez ni sobre al menos otras dos detenciones de dos habitantes de la comunidad, entre estas la de Pérez.EFE
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