Bruselas, 2 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) cuenta desde finales de 2023 con una legislación concreta para disuadir y responder a la coerción económica que puedan ejercer países terceros, y que en última instancia prevé la posibilidad de aplicar contramedidas restrictivas.
La Comisión Europea no ha querido entrar en detalles de cuál será su respuesta a los nuevos aranceles que impondrá Estados Unidos y sigue apostando por la negociación, aunque no descarta ninguna medida.
“No queremos necesariamente tomar represalias, pero tenemos un plan sólido para hacerlo si es necesario”, dijo este martes ante el Parlamento Europeo la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.
Bruselas ya ha anunciado represalias por el gravamen estadounidense del 25 % a las importaciones europeas de acero y aluminio, contra exportaciones estadounidenses a la UE por valor de 26.000 millones de euros que, en principio, quiere aplicar desde mediados de abril.
Más allá de la respuesta arancelaria, países como España han sido claros al señalar que no se descarta utilizar otras herramientas, como el instrumento contra la coerción.
En concreto, define que hay coerción económica cuando un país tercero trata de presionar a la UE o a uno de sus países para que tome una decisión concreta aplicando o amenazando con aplicar medidas comerciales o de inversión.
En vigor desde diciembre de 2023, está diseñado ante todo para actuar como elemento disuasorio contra la coacción económica de países terceros.
De nuevo, en primer lugar prevé entablar un diálogo con el país en cuestión para persuadirle de que detenga el comportamiento problemático, pero en los casos en los que la coerción siga produciéndose, la herramienta proporciona una estructura para “responder de forma bien calibrada y ponerle fin”.
La Comisión dispone de cuatro meses para investigar posibles casos de coerción y, a partir de sus conclusiones, el Consejo de la UE (los países) dispondrá de ocho a diez semanas para decidir, por mayoría cualificada, si existe o no ese problema.
Si se determina la existencia de coerción y los Estados miembros están de acuerdo, la Comisión tendrá seis meses para determinar las medidas adecuadas, manteniendo informados al Parlamento y al Consejo en todo momento.
El instrumento anticoerción ofrece a la UE una amplia gama de posibles contramedidas cuando un país se niega a eliminar la coacción.
Entre ellas figuran la imposición de restricciones comerciales en forma, por ejemplo, de mayores derechos de aduana, licencias de importación o exportación, o limitaciones al comercio de servicios o al acceso a la inversión extranjera directa o a la contratación pública.
La UE también podría exigir una "reparación" al país que ejerza la coerción, y la Comisión podrá aplicar medidas para hacer cumplir estas reparaciones.
La Comisión propuso este mecanismo anticoerción en diciembre de 2021 en respuesta a la presión ejercida durante el primer mandato de Trump en Estados Unidos, además de numerosos roces entre la UE y China.
Este nuevo instrumento complementa una serie de herramientas de defensa comercial adoptadas en los últimos años. EFE
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