Lima, 14 mar (EFE).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) repudiaron este viernes una ley aprobada por el Congreso de Perú que consideran que "impone un sistema de control, censura y persecución contra las organizaciones de sociedad civil".
La norma aprobada este miércoles, que debe ser promulgada por el Gobierno o devuelta al Congreso, plantea fiscalizar los recursos de la cooperación internacional que reciben las organizaciones no gubernamentales, pone "en grave riesgo la labor de la sociedad civil, permitiendo que cualquier acción considerada incómoda para las autoridades pueda ser castigada", según denuncian en un comunicado.
"Se trata de un mecanismo de censura y control estatal que limita el derecho de las ONG a operar de manera independiente y sin injerencias indebidas, en un contexto donde muchas de estas organizaciones cumplen un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la defensa del medio ambiente", subrayan.
Recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y varios países que son socios de cooperación con Perú ya han manifestado su rechazo a esta ley, "advirtiendo que la norma contraviene estándares internacionales de derechos humanos y podría ser utilizada para restringir el espacio cívico y perseguir voces críticas en el país".
Entre esos países que emitieron un comunicado en junio de 2024, cuando la ley se debatía en el Parlamento, estaban Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
"Es importante destacar que esta ley se enmarca en un contexto más amplio de criminalización de las actividades de defensoras y defensores de derechos humanos en Perú, ante el cual el Estado no ha tomado medidas efectivas para garantizar su protección", aseguraron el Cejil, Wola y DPLF.
Como ejemplo de esta situación, citaron "la falta de un marco normativo en Perú que asegure la protección de quienes defienden los derechos humanos".
Finalmente, consideraron que "esta ley busca limitar el trabajo de las personas defensoras" y "se suma a una tendencia regional de normativas similares aprobadas en países como Venezuela, Nicaragua, Paraguay, entre otros".
El pleno del Congreso de Perú aprobó la ley con 82 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones.
La propuesta propone cambios a otra ley vigente con el objetivo de "fortalecer" su trabajo y "contribuir a la transparencia y a la supervisión de los recursos recibidos por otras entidades" que gestionan la cooperación técnica internacional no reembolsable.
El Congreso detalló que modifica artículos de la Ley 27692, donde se plantea que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) tiene la responsabilidad de ejecutar, organizar, programar y supervisar la cooperación internacional que se gestiona a través del Estado. EFE
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