El Gobierno de Ruanda ha exigido a Reino Unido el pago de 50 millones de libras esterlinas (60,6 millones de euros) por su cancelado plan de deportación de migrantes, después de que las autoridades británicas hayan "adoptado medidas punitivas injustificadas", en referencia a la suspensión de ayuda bilateral y la imposición de nuevas sanciones.
La portavoz del Gobierno ruandés, Yolande Makolo, ha explicado que Londres había pedido a Kigali que "renunciara discretamente al pago basándose en la confianza y la buena fe que existía entre ambas naciones", pero el 10 de Downing Street "ha violado esta confianza mediante medidas punitivas injustificadas para obligar a Ruanda a comprometer su seguridad nacional".
Makolo también ha criticado los "comentarios incendiarios e irresponsables" realizados en el Parlamento por el ministro de Reino Unido para África, Lord Collins. En este contexto, las autoridades ruandesas están "haciendo un seguimiento de esos fondos, a los que Reino Unido está legalmente obligado", ha concluido.
La disputa entre las partes se intensificó después de que el ministro de Exteriores, David Lammy, suspendiera la ayuda de Reino Unido a Ruanda la semana pasada por su implicación en la ofensiva encabezada por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en el este de República Democrática del Congo (RDC). Tras ello, la parte ruandesa, que negó rotundamente las acusaciones, señaló a las autoridades británicas por socavar los esfuerzos regionales de paz.
El pago de 50 millones de libras esterlinas formaba parte originalmente del acuerdo migratorio en virtud del cual Reino Unido planeaba enviar solicitantes de asilo a Ruanda, si bien el Gobierno laborista desechó el plan poco después de asumir el cargo. A pesar de ello, Ruanda sostiene que el acuerdo no ha sido rescindido formalmente y ha insistido en que hizo inversiones significativas.
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