Madrid, 4 mar (EFE).- El partido de gobierno en España, PSOE, y la formación independentista que lidera Carles Puigdemont, Junts, acordaron que el gobierno regional de Cataluña tenga las competencias integrales de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y las devoluciones de migrantes.
Así consta en la proposición de Ley Orgánica de Delegación de competencias en materia de Inmigración que registraron conjuntamente este martes ambos partidos en el Congreso y que también señala que la policía de Cataluña, los Mossos, gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos y estarán en las fronteras, en cooperación con la Policía española.
Junts es uno de los partidos que votó a favor de la investidura del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y cuyos votos son decisivos para la gobernabilidad de España.
El acuerdo se produce en un momento de acercamiento entre PSOE y Junts, que recientemente retiró la cuestión de confianza que los independentistas presentaron a Pedro Sánchez.
Las líneas maestras de la proposición, de la que informaron ambos partidos, contempla también que Cataluña se configura como “ventanilla única” en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración, así como en la expedición del documento de identidad para los extranjeros (NIE).
También gestionará las devoluciones de extranjeros, cuando tengan prohibición de entrada, para lo que los Mossos estarán en frontera y actuarán siempre en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
La Generalitat, gobierno autónomo de Cataluña, ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos, incluida la resolución y ejecución y, en las contrataciones en origen, determinará junto a empresas y sindicatos los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras.
Los Mossos ejercerán, por su parte, la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.
El acuerdo prevé un incremento de 1.800 policías autonómicos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes, y establece que el Estado español transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega.
Según defienden el PSOE y Junts, con esta ley orgánica Cataluña podrá desarrollar un modelo propio y una política integral, ya que las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y nacional en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración.
Ambos partidos justifican la necesidad del traspaso en que el 18 por ciento de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24 por ciento ha nacido fuera de Cataluña. EFE
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