Grupo de la ONU pidió condicionar acceso preferencial de Nicaragua al mercado de EEUU y UE

San José, 28 feb (EFE).- El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, pidió condicionar el acceso preferencial de Nicaragua al mercado de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) a parámetros de derechos humanos, según las conclusiones y recomendaciones de su informe que provocó que el Gobierno de Daniel Ortega se retirara del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

"Condicionar de manera efectiva el acceso preferencial de Nicaragua al mercado a parámetros de derechos humanos, en particular en relación con el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, la República Dominicana y Centroamérica -DR-CAFTA-y la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica", se lee en el informe presentado el miércoles en Ginebra y compartido este viernes en Costa Rica por organizaciones nicaragüenses.

El pasado 4 de febrero, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que su país estudiará si expulsa o no a Nicaragua -al que tildó, junto a Cuba y Venezuela, de "enemigos de la humanidad"- del DR-CAFTA.

Rubio dijo que Nicaragua "se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia (Rosario Murillo, la esposa de Ortega) donde básicamente han tratado de eliminar la iglesia Católica y todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen".

Otra de las recomendaciones que hizo el Grupo, integrado por tres miembros, es garantizar que sus conclusiones influyan en las principales decisiones internacionales, especialmente en la consulta sobre el Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI) al evaluar las cuestiones de gobernanza en la supervisión y el uso de los recursos.

Concretamente, sobre las confiscaciones arbitrarias generalizadas y sistemáticas de bienes y la instrumentalización por parte del Gobierno sandinista de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para justificar las cancelaciones masivas de organizaciones sin fines de lucro, señalaron los expertos.

El Grupo instó además al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional a que permanezcan vigilantes y actúen con decisión sobre Nicaragua.

Recomendaron reforzar el apoyo a la sociedad civil nicaragüense, especialmente aumentando la asistencia financiera y técnica a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes para contrarrestar la represión estatal.

Asimismo, hacer que el Estado de Nicaragua rinda cuentas en virtud del derecho internacional, adoptando medidas de rendición de cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de obligaciones internacionales, en particular en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.

También ampliar las acciones legales y las sanciones contra las personas, instituciones y entidades identificadas en el informe del Grupo.

Además, proteger a los nicaragüenses privados de nacionalidad, expulsados o a los que se les ha denegado el reingreso, garantizando determinaciones justas de la condición de refugiado y procesos de asilo, entre otros, con arreglo a los criterios más amplios de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.

Otras recomendaciones son que se facilite la regularización administrativa de los nicaragüenses a los que se deniega arbitrariamente el pasaporte y otros documentos de identidad; se flexibilicen los requisitos para garantizar que los estudiantes puedan continuar sus estudios y que se reconozcan títulos profesionales; y se supervise la situación de las personas sometidas a represión transnacional.

Los tres miembros del grupo advirtieron que la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado hasta el punto de que restaurar la democracia y el Estado de derecho llevará años y recursos considerables.

"Cuanto más se demore la comunidad internacional en actuar con firmeza, mayor será la carga", razonaron.

Según el informe, Ortega y Murillo han ejecutado una estrategia progresiva para afianzar un control absoluto, y, para lograrlo, han llevado a cabo sistemáticamente graves violaciones de los derechos humanos que ha culminado en una reforma constitucional que es "el golpe final al Estado de derecho y a las libertades básicas en Nicaragua, desmantelando lo poco que quedaba de controles y equilibrios institucionales".

Algunas violaciones documentadas constituyen patrones previamente identificados como crímenes de lesa humanidad, entre ellos la persecución por motivos políticos, argumentaron los expertos. EFE