Asunción, 27 feb (EFE).- El juez penal especializado en crimen organizado de Paraguay Osmar Legal admitió este jueves que intercambió un mensaje vía chat con un diputado fallecido en 2024, presuntamente involucrado en una supuesta trama de corrupción judicial, pero aclaró que la comunicación no influyó en sus "decisiones" cuando era fiscal, ni como magistrado.
Legal advirtió el pasado 3 de febrero de indicios de presunta "corrupción pública" relacionada con pedidos de "favores políticos" y "ofrecimientos de dinero" que al parecer involucraba a legisladores, jueces y fiscales en unos presuntos chats de WhatsApp extraídos del celular del diputado oficialista Eulalio Gomes, quien falleció durante un allanamiento a su vivienda.
El abogado de la familia Gomes, Oscar Tuma, reveló este jueves en la red social X "un mensaje" del 27 de enero de 2020 en el que Legal, cuando era fiscal, se presenta con el diputado fallecido, que en ese entonces era presidente la Asociación Rural del Paraguay (ARP) del departamento de Amambay.
"Aclaro categóricamente que esta fue la única interacción y que, en ningún momento dicha comunicación se extendió y mucho menos influyó en mis decisiones como agente fiscal y menos aún en mi carácter de magistrado", expresó Legal en un comunicado.
El juez detalló que compartió su contacto con Gomes debido a "una reunión de coordinación interinstitucional" en la ARP que se organizó para tratar la fuga, en enero de 2020, de 76 reclusos del Primer Comando Capital (PCC) de una cárcel de la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital de Amambay.
"En el contexto del operativo de búsqueda de los prófugos y a fin de coordinar dicha reunión del 27 de enero de 2020, a instancias de la Policía Nacional, compartí mi contacto con el señor Gomes", aseguró el juez.
Tuma cuestionó esta jornada en X por qué Legal "le habría enviado un mensaje" a Gomes, quien falleció el 19 de agosto pasado en medio de un presunto cruce de disparos con las autoridades durante un registro a su casa, una versión oficial que ha sido cuestionada por sus familiares.
El allanamiento en mención, en el que se incautó el celular del que se extrajeron los presuntos chats, fue ordenado por Legal como parte de una investigación por presunto lavado de dinero procedente del tráfico de drogas peligrosas y otros.
La divulgación de los chats derivó en un escándalo que llevó al diputado oficialista Orlando Arévalo a renunciar a su curul y, previamente, a su cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el órgano que vela por el buen desempeño de fiscales, jueces y defensores públicos.
También fueron mencionadas las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano y la jueza Sadi López, quien también dimitió.
A raíz de estas denuncias, el Ministerio Público abrió una causa penal por tráfico de influencias y otros delitos y ordenó instruir sendos sumarios administrativos contra las dos fiscales.
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