Bruselas suaviza las obligaciones de sostenibilidad para las empresas y reduce las multas

Bruselas, 26 feb (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles recortar en un 80 % las empresas obligadas a presentar informes sobre su impacto en sostenibilidad y rebajar las multas mínimas para aquellas que no mitiguen estos efectos dentro de su estrategia para reducir la burocracia con el fin de mejorar la competitividad de la economía europea.

Bruselas planteó asimismo reducir el alcance del mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM, en inglés), el arancel por el que grava las importaciones de terceros países producidas con altas emisiones de carbono, de modo que afectará solo a un 10 % de las empresas previstas inicialmente pero permitirá, aún así, capturar el 99 % de las emisiones, según estimaciones de la Comisión.

Las medidas están recogidas en las primeras leyes 'ómnibus' de las que presentará el Ejecutivo comunitario el próximo año para simplificar la regulación europea con el fin de reducir en cinco años un 25 % las cargas administrativas para las empresas, que critican que estas barreras son uno de los principales frenos para competir con las firmas chinas o estadounidenses.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, insistió en que se trata de un esfuerzo de "simplificación" para facilitar la vida sobre todo a las empresas más pequeñas y no de una "desregulación", y subrayó que la UE sigue comprometida con los objetivos del Pacto Verde que podrán cumplirse "de manera más eficiente y menos costosa" con esta simplificación.

Bruselas estima que estos esfuerzos ahorrarán 6.300 millones de euros en costes administrativos.

Bruselas ha revisado, en primer lugar, la directiva sobre presentación de informes de sostenibilidad por parte de las empresas para limitar el número de firmas que estarán obligadas a remitir esta información a aquellas que superen los 1.000 empleados o los 450 millones en facturación anual, lo que en la práctica supondrá reducir en un 80 % el número de firmas que tendrán que hacerlo forzosamente.

Este cambio se aplicará también a la taxonomía - la clasificación europea de inversiones consideradas verdes - puesto que se rigen por las mismas reglas, aunque algunas empresas podrán informar de manera voluntaria, lo que según la Comisión permitirá a las empresas ahorrar en costes sin hacer que cese el flujo de inversiones hacia actividades sostenibles.

Además, Bruselas plantea retrasar la aplicación de la directiva dos años, hasta 2028, para dar tiempo a pactar con los Estados miembros y el Parlamento el recorte en su alcance.

Por otro lado, la Comisión ha suavizado la directiva sobre diligencia debida en sostenibilidad corporativa, aprobada hace apenas unos meses, que exige a las empresas identificar y mitigar su impacto sobre la sosteniblidad ambiental o social, incluidos los derechos humanos, así como el impacto que tengan las firmas de su cadena de suministros aun cuando estén fuera de la UE.

Bruselas ha eliminado el umbral que exigía que las multas mínimas en caso de incumplimiento fuesen e al menos el 5 % de la facturación anual de la empresa, algo que había creado "mucho nerviosismo en la industria", según explicaron fuentes comunitarias.

Asimismo las compañías ya no estarán obligadas a rescindir los contratos con sus proveedores cuando detecten que estos están cometiendo vulneraciones, aunque sí tendrán que suspenderlos, de modo que si estos resuelven el problema la empres podría retomar la relación con estos, añadieron.

Por otra parte se retrasa un año, hasta julio de 2028, la aplicación de la directiva, se amplía de un año a cinco el plazo para que las empresas realicen evaluaciones periódicas de sostenibilidad y se limita la cantidad de información que las grandes compañías podrán pedir a las pymes de su cadena de suministros.

Los cambios mantienen, sin embargo, la posibilidad de que las víctimas de vulneraciones recurran ante la justicia y reciban una compensación total, algo que preocupada a las organizaciones de defensa del medio ambiente y los derechos humanos.

La CE plantea, por otra parte, reducir en un 90 % (182.000 empresas) los importadores europeos que estarán obligados a pagar impuestos cuando importen productos, como acero o cemento, producido fuera de la UE por las mayores emisiones, al situar en 50 toneladas de CO2 al año el umbral para que estén obligados a pagar.

"Aún así podríamos capturar más del 99 % de emisiones, así que realmente es un modo fácil de asegurar casi el mismo resultado pero recortando una parte enorme de la burocracia", dijo el comisario europeo de Medio Ambiente y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, en una rueda de prensa. EFE