La ONG Human Rights Watch (HRW) ha celebrado el fallo de este viernes del Tribunal Supremo de Uganda, que ha ordenado el fin de los juicios a civiles ante tribunales militares para que sean trasladados a cortes civiles, y lo ha calificado como una "victoria para los Derechos Humanos".
"La decisión del Tribunal Supremo es un paso importante para proteger el derecho a un juicio justo en Uganda", ha señalado el investigador principal para África de HRW, Oryem Nyeko, al añadir que tras este paso "el Gobierno debe garantizar por fin justicia para los numerosos civiles condenados injustamente en estos juicios militares".
Durante la lectura del fallo, la jueza Catherine Bamugemereire ha afirmado que el Tribunal Marcial General no tiene jurisdicción sobre los civiles, y ha recalcado que, por ello, los procesos contra ellos ante estos tribunales suponen una violación de la Constitución.
En este sentido, HRW ha aseverado que las autoridades ugandesas han procesado "arbitrariamente" a civiles en estos tribunales, "en particular a líderes y simpatizantes de la oposición política y a críticos con el Gobierno".
Entre ellos, han agregado, se encuentra el líder opositor Kizza Besigye, que está siendo juzgado en el Tribunal General Marcial de Makindye, en la capital del país, Kampala.
Según el organismo pro Derechos Humanos, los juicios han incumplido "a menudo" las normas nacionales e internacionales, "violando el derecho a un juicio justo y las libertades garantizadas por la Constitución de Uganda".
Así, ha citado ejemplos en los que han descubierto que ciertos juicios no cumplían con las normas internacionales de competencia, independencia e imparcialidad, como el de los procesos a cientos de civiles en 2011 condenados por tribunales militares presuntos delitos armados y robo de ganado.
"Violaban sistemáticamente el derecho de los acusados a presentar una defensa, así como su derecho a no autoinculparse. También hubo denuncias creíbles de tortura de acusados", han explicado.
Los tribunales ordinarios de Uganda han rechazado en varias ocasiones los juicios de civiles en tribunales militares, incluyendo en 2021, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones de la Ley de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda que permitían estos juicios.
LA ONU APLAUDE EL FALLO
La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, ha aplaudido en un comunicado el fallo judicial y ha instado a las autoridades competentes a que cumplan con la decisión del Supremo, transfiriendo los juicios en curso o que estén pendientes a tribunales civiles.
Throssell también ha indicado que, sumado a lo anterior, "se deberían anular" todos los procedimientos de este tipo de casos y "poner en libertad a todo civil" que haya sido detenido "bajo la autoridad de los tribunales militares".
El fallo llega en medio de un proceso abierto en un tribunal militar contra Besigye --detenido en noviembre de 2014 en Kenia y trasladado a Uganda--, contra el que pesan varios cargos, incluido el de traición, lo que acarrearía la pena de muerte en caso de que sea declarado culpable.
Besigye, otrora aliado del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ya fue imputado por traición en 2005, cargos que finalmente le fueron retirados. Además, fue arrestado en varias ocasiones en 2022 por su papel en las protestas contra el aumento de los precios de los productos básicos.
Naciones Unidas ha reclamado a Uganda que respete el "debido proceso" en el caso abierto contra el opositor, quien aseguró haber ganado las elecciones celebradas en 2016, al tiempo que mostró su preocupación por la "desaparición" de Besigye en Uganda y posteriormente traslado a Uganda por parte de agentes ugandeses.
La oposición acusa al presidente de usar a las fuerzas de seguridad y al aparato judicial para reprimir a los críticos, al tiempo que afirma que la detención y encarcelamiento de líderes opositores es parte de un patrón para consolidar su posición en el cargo, en el que lleva desde 1986.
Museveni juró el cargo en mayo de 2021 para un sexto mandato después de imponerse en unas elecciones en las que el opositor Robert Kyagulanti, conocido como Bobi Wine, denunció fraude y se negó a reconocer su derrota, afirmando que él había sido el vencedor y por lo tanto presidente legítimo del país africano.
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