Tokio, 30 ene (EFE).- El Gobierno japonés ha anunciado que se asegurará de que sus aportaciones voluntarias al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) no se usan para ninguna actividad del comité sobre discriminación a la mujer que criticó la vigencia de la ley sálica en la familia imperial.
"No vamos a pagar la parte de la cuota voluntaria que permite destinar el dinero" a ese comité, dijo este jueves el portavoz gubernamental japonés, Yoshimasa Hayashi, en rueda de prensa.
Japón ha decidido también suspender al menos hasta finales de marzo de 2026 un programa para invitar a miembros de dicho panel al país para enseñarles sobre su cultura y tradiciones, añadió Hayashi.
Es inusual que un Gobierno solicite que los fondos aportados a las Naciones Unidas no se utilicen para actividades específicas.
La Administración del primer ministro Shigeru Ishiba ha adoptado estas medidas en protesta por el último informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de ACNUDH, publicado el pasado octubre, que considera que la ley sucesoria de Japón, vigente desde 1947, discrimina a las mujeres por no permitirles ascender al trono, entre otras cuestiones.
Aunque el comité reconocía en el texto que la Ley de la Casa Imperial japonesa no es de su competencia, sostiene que la norma sucesoria es "contraria al objeto y propósito" de la convención de Naciones Unidas para eliminar la discriminación contra la mujer y recomendó al Gobierno nipón revisarla.
El Ejecutivo respondió ya entonces presentando una queja al comité y pidiendo eliminar del informe la referencia a su ley sucesoria, al considerar "inapropiado" que el organismo se inmiscuya en asuntos de la casa imperial.
"La elegibilidad para ascender al trono no está incluida en los derechos humanos fundamentales, por lo que limitar la elegibilidad sucesoria a los varones no es discriminatorio contra las mujeres", ha dicho el portavoz del ministerio de Exteriores, Toshihiro Kitamura, sobre la postura del Gobierno japonés al respecto.
Japón aporta entre 20 y 30 millones de yenes (unos 124.000 y 186.000 euros) al año a ACNUDH, aunque ningún porcentaje de ese dinero se ha usado para el comité en discordia al menos desde 2005, según la Cancillería del país asiático.
Japón ya se opuso en 2016 al mismo panel cuando incluyó en el borrador de su informe de aquel año una recomendación para enmendar la ley sucesoria de la familia imperial. En aquella ocasión, el texto final eliminó sus referencias a la cuestión tras las protestas. EFE
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