San José, 29 ene (EFE).- El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles que presentará al Congreso una iniciativa de ley para castigar con hasta seis años de cárcel a las mujeres que aborten y de hasta doce años a quienes practiquen el aborto sin consentimiento de la mujer.
"Defender la vida de los costarricenses que todavía no han nacido es una obligación del Estado. El aborto no es una cosa más que un asesinato y por eso las penas tienen que endurecerse", declaró la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, en la conferencia de prensa semanal del Gobierno.
En Costa Rica el único aborto legal es el terapéutico. Si una mujer causa o consiente su aborto hay penas de cárcel de entre uno y tres años de prisión para la mujer.
El proyecto de ley anunciado este miércoles por el Gobierno pretende aumentar la pena de cárcel para la mujer que causa o consienta su aborto y ubicarla entre los cuatro y seis años.
Para quienes causen un aborto sin consentimiento de la mujer en la actualidad el castigo es de entre tres y diez años de prisión, lo cual, con el proyecto de ley pasaría a una pena de entre seis y doce años.
Si alguien practica un aborto con consentimiento de la mujer, la iniciativa de ley propone un castigo de entre cuatro y seis años de cárcel, que en la ley vigente es de uno a tres años.
"Este es un día que me toca el corazón. En Costa Rica el derecho a la vida es el pilar fundamental sobre el que se sustentan todos los derechos humanos. Nuestra Constitución Política dice que la vida humana es inviolable", expresó la ministra Fernández.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó este tema como "difícil desde lo filosófico y lo moral" y comparó el cuerpo de una mujer que aborta con un avión del que lanzan al vacío a una persona.
"Vamos a proteger la vida de la madre cuando así sea necesario, no hay disputa en eso, pero vamos a proteger también la vida del otro ser humano que, ocurre y sucede, está dentro de una mujer, temporalmente. Aterrice el avión antes de echarlo (al feto) por la puerta y déselo al PANI (Patronato Nacional de la Infancia) o a una familia buena", expresó Chaves.
Durante la campaña Chaves prometió a grupos religiosos y partidos políticos conservadores una revisión de la norma técnica de aborto terapéutico e incluso el Ministerio de Salud elaboró a inicios de este año un borrador de decreto, que se filtró a la prensa, que limitaba los alcances del aborto terapéutico.
Sin embargo, en septiembre de 2023 Chaves dijo que tras una revisión se determinó que el protocolo "no permite abortos más allá" de los principios de los costarricenses.
En Costa Rica el aborto terapéutico es legal desde 1970, pero no fue hasta diciembre de 2019 que el entonces presidente del país, Carlos Alvarado, firmó una norma técnica por decreto, que sirve como una guía para que el personal médico valore los casos en los que se pueden aplicar la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer está en peligro. EFE
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