La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado este miércoles su estrategia para dar preferencia al 'Made in Europe' e impulsar la contratación pública de empresas europeas para hacer frente a competidores como China o Estados Unidos, que "se benefician de condiciones desiguales, subvenciones poco transparentes o políticas de apoyo que provocan un exceso de producción estructural".
Este plan para impulsar la competitividad de la UE es la primera medida de calado del segundo mandato de la política alemana, una hoja de ruta que se basa en las recomendaciones del informe temático elaborado por el ex primer ministro italiano Mario Draghi, pero que carece de presupuesto para llevar a cabo medidas concretas, sino que esboza, en líneas generales, sus intenciones para la actual legislatura.
Uno de los objetivos de lo que Von der Leyen ha bautizado como 'Brújula para la Competitividad' es el de presentar una revisión de la actual directiva de contratación pública a lo largo de 2026 que favorezca a las empresas europeas en sectores que la UE considera críticos, tales como la Inteligencia Artificial, los materiales críticos y avanzados, las tecnologías limpias o la robótica, entre otros.
Esta revisión pretende reforzar la seguridad tecnológica y las cadenas de suministro nacionales, así como simplificar y modernizar las normas y recompensar a las empresas pioneras en innovación y en las tecnologías necesarias para las transiciones verde y digital.
La intervención política de esta estrategia industrial se basará en la evaluación de las necesidades y las perspectivas del mercado y se centrará en tecnologías "clave" para la descarbonización de la economía como el sector emergente de los electrolizadores, necesarios para la producción de hidrógeno, o en tecnologías en las que la producción nacional actual de la UE "corre el riesgo de verse sometida a la presión de competidores internacionales".
Además, para fomentar la demanda de los productos bajos en carbono 'Made in Europe', la Comisión quiere desplegar incentivos financieros y fomentar la agregación de la demanda como ya se ha hecho con las subastas de gas e hidrógeno.
Con este mismo objetivo, el Ejecutivo comunitario prevé presentar en los próximos meses el Pacto para una Industria Limpia, un Plan de Acción para una Energía Asequible, la Ley de Aceleración de la Descarbonización Industrial o planes de acción a medida para los sectores siderúrgico, metalúrgico y químico.
La hoja de ruta destaca también que Europa debe mantener una posición de liderazgo en materia de tecnologías cuánticas, que pueden revolucionar los sistemas de encriptación digital que sustentan la seguridad y la defensa de Europa y que la Comisión quiere blindar con una Ley Cuántica que abordará la fragmentación normativa y apoyará la inversión en computación, comunicación y tecnologías cuánticas.
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
La nueva Comisión también quiere llevar a cabo un esfuerzo de simplificación administrativa "sin precedentes" que arrancará con una primera propuesta 'ómnibus' en febrero para recortar trámites en los ámbitos de la información financiera sostenible, la diligencia debida en materia de sostenibilidad y la taxonomía.
Para adaptar la simplificación normativa al tamaño de las empresas, también se planteará la creación de una nueva categoría a caballo entre las pyme y las grandes compañías de la que Bruselas calcula que se beneficiarán hasta 31.000 empresas europeas.
LA AMENAZA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El documento incluye también una mención a los fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático y que suponen "una amenaza cada vez mayor" para la competitividad europea, como ha ocurrido con las inundaciones en el centro de Europa y, más recientemente, las provocadas por la dana que dejó más de 200 muertos en el este y sur de España, la mayoría de ellos en la Comunidad Valenciana.
Por ello, la Comisión planea presentar también un Plan Europeo de Adaptación Climática y una estrategia europea para mejorar la gestión del agua frente a las sequías, algo que España y otros 20 Estados miembro pidieron que se considerase prioritario en esta legislatura.
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