Shinji Aoba, el autor confeso del incendio que tuvo lugar en julio de 2019 y dejó 36 víctimas mortales y 32 heridos en un estudio de animación de la ciudad de Kioto, ha retirado este martes su apelación tras haber sido condenado a pena de muerte por lo sucedido.
El equipo legal de Aoba, de 46 años, ha indicado que ha decidido retirar su recurso, un extremo que ha sido confirmado por el propio Tribunal Superior de Osaka, donde estaba previsto que tuviera lugar el juicio, tal y como recoge la agencia japonesa de noticias Kiodo.
Según el veredicto judicial, Aoba irrumpió en los estudios de Kyoto Animation sobre las 10.30 (hora local) del 18 de julio de 2019 cuando había unos 70 trabajadores en las instalaciones. Posteriormente, vertió gasolina sobre el suelo y las paredes y prendió fuego al edificio.
Posteriormente, Aoba confesó su papel en el ataque, y la Justicia consideró que estaba en sus plenas capacidades mentales en el momento en que se produjo el incendio, que es considerado la masacre más grave de la historia reciente de Japón.
En este sentido, el acusado llegó a afirmar que prendió fuego al estudio porque los trabajadores buscaban plagiar un libro escrito por él y cuyo manuscrito había presentado previamente a un concurso organizado por el propio estudio.
Por su parte, el juez a cargo del caso, Keisuke Masuda, afirmó que el acusado había cometido el delito "por voluntad propia y por rencor" a la compañía, sin que hubiera influencias o engaños, rechazando el argumento de que tuviera algún problema mental. Así, afirmó que en el momento del incidente el acusado era capaz de juzgar lo que estaba bien y lo que estaba mal, concordando con el argumento de la Fiscalía sobre su capacidad de asumir responsabilidades.
La Fiscalía nipona había pedido la pena de muerte al considerar probado que el autor entró en la sede de Kyoto Animation y utilizó gasolina para iniciar el incendio de forma "premeditada, extremadamente peligrosa y completamente cruel". No obstante, reconoció que sufría delirios, aunque esto no lo eximía de rendir cuentas con la máxima pena contemplada en el país asiático.
Japón es uno de los pocos países considerados democráticos, junto con Estados Unidos, que aún aplican la pena de muerte. En 2022, las autoridades niponas ejecutaron a un preso condenado por el asesinato de siete personas en Tokio, mientras que en 2021 se aplicó esta misma pena en tres ocasiones, según Amnistía Internacional.
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