Pedro Pablo Cortés
Ciudad de México, 23 ene (EFE).- El decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declara terroristas a los carteles mexicanos ha sido una bomba para la política interna de México, donde la mandataria, Claudia Sheinbaum, acusa de “entreguismo” a la oposición que le exige aceptar la cooperación de Washington.
La orden de Trump, quien fijó dos semanas para definir qué grupos clasificar como terroristas, sacude al Gobierno mexicano porque "es una reacción a la estrategia" de "abrazos, no balazos" del expresidente Andrés Manuel López Obrador, apuntó Clemente Romero Olmedo, experto en seguridad nacional de Cronem Consultores.
"(La política) consistió en ceder control territorial y de diversas actividades comerciales a las organizaciones criminales. La Administración Sheinbaum está intentando revertir la percepción de tolerancia y displicencia de la Administración de López Obrador con dichas organizaciones", expresó el especialista a EFE.
Además, el consultor señaló que "es probable que políticos de primer nivel en México, como gobernadores presentes o pasados, estén siendo investigados por las agencias norteamericanas".
De hecho, Trump denunció que México "está gobernado por los carteles", a los que acusó de provocar la muerte de entre 250.000 y 300.000 estadounidenses por año, mientras que su consejero de Seguridad Nacional, Michael Waltz, sostuvo que estos grupos criminales controlan el 30 % del territorio mexicano.
La presidenta Sheinbaum ha reconocido que en Estados Unidos "ellos pueden actuar en su territorio", pero eso no significa que México considere terroristas a los carteles, algo en lo que legisladores del derechista Partido Acción Nacional (PAN), la mayor fuerza de oposición, han insistido desde hace años.
La mandataria ha acusado esta semana de "traición a la patria" a "algunos personajes de la oposición" por "celebrar que hubiera una intervención" de Estados Unidos, además de considerar que "ellos siempre han tenido una relación de entreguismo".
En reacción, senadores del PAN como Ricardo Anaya, Marko Cortés y Lilly Téllez, han acusado de complicidad con el narcotráfico al partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Téllez ha insistido en que el Congreso de México debe aprobar una iniciativa que ella presentó en 2021 para considerar terroristas a los narcotraficantes ante nuevas tácticas como matar a niños, quemar negocios, incendiar vehículos para bloquear carreteras, atacar con drones al Ejército y dejar carros bomba frente a edificios públicos.
"Esto es terrorismo y Sheinbaum protege a los carteles porque son socios de Morena", denunció ahora la senadora en sus redes sociales.
En el oficialismo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha respaldado a Sheinbaum y ha cuestionado el alcance de la declaratoria de Trump, mientras el estado que gobierna acumula más de 600 muertos por la pugna interna del Cartel de Sinaloa tras la captura del capo Ismael 'El Mayo' Zambada en Estados Unidos.
La declaratoria de terrorismo permitirá al Gobierno de Trump usar las herramientas de la 'Patriot Act' (Ley Patriota), promulgada después de los atentados del 9 de septiembre de 2001, explicó Romero Olmedo, es decir, "aplicar toda la fuerza del Estado el Gobierno de EE.UU. para neutralizar a estas organizaciones" en México.
"(Es) desde perseguir y congelar activos financieros de estas organizaciones criminales, incluyendo de las instituciones financieras que los ayuden, interceptar cualquier comunicación por cualquier medio sin órdenes judiciales, y la participación coordinada de todas las agencias de seguridad", enunció.
Además, la "posibilidad de una incursión armada unilateral por parte de los Estados Unidos" es "muy poco probable" pero "no imposible", consideró Javier Oliva Posada, profesor del seminario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia.
Aún así, el académico consideró que la orden de Trump "tendría repercusiones muy severas" también para Estados Unidos, donde los estadounidenses podrían terminar acusados de colaborar con organizaciones terroristas por comprar o vender un arma que tenga una relación con el narco.
“Me parece un grave error utilizar el término narcoterrorismo, terrorismo criminal o insurgencia criminal, porque en el caso de México, claramente no tienen ninguna posibilidad de ser aplicadas", expuso en un análisis compartido este jueves por la UNAM. EFE
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