Atenas, 9 ene (EFE).- El Parlamento griego debate un proyecto de ley para prohibir el alquiler a corto plazo de alojamientos que no estén oficialmente clasificados desde 2011 como inmuebles "de principal uso residencial", lo que haría desaparecer miles de ofertas de alojamiento para turistas a través de plataformas como Airbnb, informó este jueves el portal protothema.gr.
La legislación presentada la víspera en el Parlamento por el ministerio de Turismo veta el arrendamiento a corto plazo a través de esas plataformas de todos los inmuebles que hayan sido en el pasado almacenes, sótanos o sedes de talleres artesanales o industrias.
Se espera que la medida impulsada por el Gobierno sea aprobada por los legisladores, ya que el partido gubernamental Nueva Democracia (ND) del primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento.
La limitación del número de posibles alojamientos de alquiler a corto plazo se añadiría a la moratoria de un año en la emisión de nuevas licencias para alquileres turísticos de corta duración en una docena de barrios populares de Atenas, que entró en vigor el pasado día 1.
Con estas reformas, el Ejecutivo de Mitsotakis busca aliviar la crisis de vivienda que, junto con el encarecimiento de los productos básicos, es vista como el "principal problema del país" por los ciudadanos, según recientes sondeos.
Grecia es el país de la Unión Europea (UE) cuyos ciudadanos tuvieron que gastar la mayor parte de sus ingresos regulares para la vivienda en 2023 -un promedio del 35,2 % de sus ingresos frente a la media de 19,7 % en la UE-, según datos publicados en diciembre por la agencia de estadísticas europeas, Eurostat.
Esto en un país que se situó en ese mismo año en el penúltimo puesto entre los Veintisiete, solo por delante de Bulgaria, en cuanto al poder adquisitivo de la población, según la misma fuente.
La nueva legislación introducirá además requisitos más estrictos para el arrendamiento a corto plazo de propiedades en materia de iluminación, ventilación, certificaciones y diversos procedimientos de saneamiento.
Al propietario que incumpla este nuevo marco legal se le impondrá una multa de 5.000 euros, que se podría ver duplicada o incluso cuadriplicada si, tras una segunda inspección, se observa que sigue vulnerando la normativa.
La asociación griega de propietarios de inmuebles POMIDA ha expresado su rechazo al proyecto de ley, destacando que su aplicación retroactiva resultará en el desuso de muchas propiedades que operan desde hace años en las plataformas, contribuyendo al desarrollo turístico del país y la mejora de áreas degradadas de Atenas y otras ciudades griegas.
El Gobierno ha anunciado planes para introducir este año beneficios fiscales para los propietarios que retiren sus inmuebles de plataformas de alquiler a corto plazo y opten por arrendarlos a largo plazo. EFE
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