Corte suprema de Ecuador rechaza amenazas y exige respeto a la independencia judicial

Quito, 7 ene (EFE).- La Corte Nacional de Justicia (CNJ, suprema) de Ecuador rechazó este martes las amenazas y todo tipo de interferencia a la independencia judicial, y exigió respeto absoluto a la actuación de sus jueces.

Aunque no precisó a quién iba dirigido el pronunciamiento, la reacción de la CNJ se produjo después de que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, asegurara que no cejaría en su empeño de que se sancione a la jueza que calificó el caso de cuatro niños muertos, que fueron previamente detenidos por militares en Guayaquil, como una "desaparición forzada", con responsabilidades del Estado.

"Un Estado de Derecho se fundamenta en una justicia independiente. Amenazar o sancionar a jueces por sus decisiones legítimas es un ataque directo a este principio y al debido proceso", añadió la CNJ en un comunicado.

"Rechazamos cualquier intento de interferencia en la Función Judicial y exigimos respeto absoluto a las resoluciones de los magistrados", agregó la entidad suprema de la función judicial ecuatoriana.

Para la CNJ, "la justicia debe ser imparcial y estar al servicio de la ciudadanía, no sujeta a presiones políticas".

El ministro de Defensa, en un menaje a la Nación, pidió el pasado lunes disculpas públicas a los familiares de los cuatro niños asesinados, como lo decidió el tribunal que vinculó en el caso de "desaparición forzada" a 16 soldados de la patrulla que detuvo a los menores el pasado 8 de diciembre.

Loffredo rechazó que la justicia haya calificado este caso como un delito de "desaparición forzada" y negó cualquier participación de su cartera o de las Fuerzas Armadas en el crimen de los niños.

El ministro dijo que no cejará en su afán de que se sancione a la jueza que dictaminó la figura penal, porque ese fallo ha dado, según él, paso a que la sentencia sea utilizada como un instrumento de "persecución política" que busca "arrodillar a las Fuerzas Armadas".

Añadió que las Fuerzas Armadas no permitirán ni el oportunismo ni la intimidación, más aún en medio de un conflicto armado interno declarado por el Gobierno a inicios del año pasado como estrategia para frenar a grupos de delincuencia organizada, a los que pasó a considerar como "terroristas".

"Estoy aquí para decirles a las familias de Ismael, Josué, Saúl y Steven (los nombres de los cuatro menores asesinados), siento mucho lo acontecido", expresó Loffredo en su mensaje, en el que también criticó a los grupos de derechos humanos que han clamado por justicia en este y en otros casos de presunto abusos de fuerza por parte de los entidades castrenses y policiales.

Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Steven Medina y Saúl Arboleda son los cuatro menores, de entre 11 y 15 años, que fueron detenidos por los militares el 8 de diciembre tras concluir una práctica de fútbol en la cancha deportiva del barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.

El 31 de diciembre, poco después de la audiencia en que se vinculó a los 16 militares, la Fiscalía confirmó que unas osamentas calcinadas encontradas en un sector de difícil acceso en la zona de Taura (donde opera una base de la Fuerza Aérea), correspondía a los cuatro menores desaparecidos. EFE

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