El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, se ha negado este lunes a declarar de nuevo en el marco de la investigación sobre la ley marcial puesta en marcha por la Oficina de Investigación Anticorrupción (CIO, por sus siglas en inglés) en relación con la polémica ley marcial declarada a principios de diciembre y que le ha costado la destitución.
Así lo ha confirmado el equipo que lidera la investigación, que ha indicado que Yoon ha rechazado la carta enviada la semana pasada por la entidad, encargada de investigar posibles casos de corrupción por parte de altos cargos.
El propio Yoon ha señalado que el proceso de destitución, que se encuentra ahora en manos del Tribunal Constitucional, debe tener prioridad sobre la investigación, a la que también contribuye la Policía de Corea del Sur.
Su equipo legal ha señalado en declaraciones a la agencia de noticias Yonhap que la expresidenta Park Geun Hye --una de los tres jefes de Estado que han sido destituidos en la historia del país asiático-- fue sometida primero a este proceso antes de que se llevara a cabo una investigación policial exhaustiva en su contra una vez perdió por completo su estatus como presidenta.
"Los poderes del presidente han sido suspendidos temporalmente, pero sigue siendo el presidente, por lo que independientemente de la investigación, no tiene obligación de responder ante la agencia de investigación por el momento", ha aclarado.
Por su parte, la oposición ha amenazado con destituir al primer ministro, Han Duck Soo, que desempeña actualmente las funciones de presidente, si se retrasa a la hora de ratificar la ley que permite sacar adelante la investigación especial contra Yoon.
"El retraso en la aplicación de esta ley muestra que el primer ministro no tiene intención de cumplir la Constitución y muestra que es simplemente un apéndice del insurgente", ha manifestado el líder del Partido Democrático, Park Chan Dae, en referencia al presidente destituido.
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