Madrid, 21 dic (EFE).- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dio la razón a la compañía española Enagás y condenó a Perú a pagarle 194 millones de dólares (unos 186 millones de euros) en el procedimiento arbitral relativo a su inversión en el Gasoducto del Sur Peruano (GSP).
Así figura en el laudo que el CIADI ha notificado a Enagás el viernes, según comunicó la empresa española de infraestructuras energéticas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.
El laudo estima que la República del Perú incumplió sus obligaciones especificadas en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) Perú-España, y condena en consecuencia a Perú a pagar a Enagás 176 millones de dólares.
A esa cantidad se suma un interés anual del 1,44 % calculado de forma simple desde el 24 de enero de 2018 hasta la fecha de hoy y capitalizable semestralmente desde esta fecha hasta el pago de la indemnización, lo que supone un total 194 millones de dólares a día de hoy, así como el 75 % de las costas procesales.
El Tribunal considera también que la inclusión de Enagás Internacional en la categoría 2 de la Ley 30737 peruana, que impide a la Sociedad la repatriación de los dividendos de su participada Transportadora de Gas del Perú (“TGP”), constituye una violación del APPRI España-Perú.
Este laudo implicaría una minusvalía contable en la cuenta de resultados por la diferencia entre la cantidad reconocida en el laudo (194 millones de dólares) y la cuenta a cobrar (505 millones de dólares -unos 484 millones de euros) relativa a la inversión en GSP registrada en el balance.
El impacto se incluirá en las cuentas anuales del 2024 una vez se haya realizado un análisis detallado del laudo, anunció la empresa española, que señaló también que se reserva el derecho a solicitar una rectificación o aclaración de la cuantificación del importe reconocido.
Enagás manifestó ya a las autoridades peruanas su disposición para alcanzar un acuerdo amistoso que permita la ejecución de este laudo de una manera que convenga al interés de ambas partes.
Enagás presentó el arbitraje para recuperar su inversión en el GSP después de que el 23 de enero de 2017 el Gobierno peruano rescindiera la concesión del gasoducto a un consorcio en el que participaba la empresa española, junto a la constructora brasileña Odebrecht, y Graña y Montero, debido a los escándalos de corrupción que afectaban a Odebrecht.
Antes de solicitar el arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la compañía española intentó llegar a un acuerdo con el Gobierno peruano para recuperar su inversión. EFE
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