Los enviados para Afganistán del G7 y sus socios han instado a los talibán, las autoridades 'de facto' en el país centroasiático, a revertir las últimas leyes promulgadas por el grupo fundamentalista que atentan contra los derechos de las mujeres y las niñas.
Los representantes ante Afganistán de Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Japón, Noruega, Corea del Sur, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos han expresado "grave preocupación por las decisiones de los talibán de prohibir a mujeres y niñas" estudiar en institutos médicos.
En este sentido, han asegurado en un comunicado conjunto que esta prohibición "tendrá consecuencias devastadoras para todos los afganos, especialmente las madres y los bebés", mientras que desestabilizará "aún más un sistema de salud ya frágil".
Dicha medida se enmarca dentro de la ley anunciada el pasado mes de agosto por los talibán que "amplía los ya más de 80 edictos represivos y discriminatorios destinados a excluir a las mujeres y niñas afganas de la educación, la vida pública y la economía".
De igual forma, han expresado "grave preocupación" por los recientes ataques terroristas en la capital, Kabul, y la "continua amenaza que el terrorismo representa para la estabilidad" en el país, ya que algunos grupos todavía están activos y son capaces de "planificar" ataques tanto internos como transfronterizos.
"Reconocen las acciones de los talibán para hacer frente a las amenazas de Estado Islámico", han subrayado en el escrito, recordando, no obstante, que deben llevar a cabo acciones para hacer frente a dichas amenazas de conformidad con la resolución 2593 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Por otro lado, los países han afirmado que la estabilidad en Afganistán solo se logrará a través de un "diálogo creíble e inclusivo" que lleve al país de vuelta al orden constitucional "con un sistema político representativo" que cumpla además con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional.
Asimismo, han puesto el foco en la necesidad de seguir proporcionando ayuda a los afganos en el marco de la crisis humanitaria en el país, lo que incluye a mujeres, niños, así como a comunidades étnicas y religiosas minoritarias.
La decisión de prohibir a las mujeres asistir a institutos médicos fue aprobada por el líder supremo del grupo, el mulá Hebatulá Ajundzada. Estas instituciones suponían una de las pocas vías para la educación femenina en el país, por lo que la medida ha sido criticada por Naciones Unidas y diversas ONG de Derechos Humanos.
Los talibán promulgaron en agosto la llamada 'Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio', institucionalizando la discriminación de las mujeres y expandiendo las restricciones, incluida una "ley del silencio" que declara la voz de la mujer como algo que sólo puede ser escuchado "en casos de necesidad".
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