Asunción, 17 dic (EFE).- Un 57 % de los reclusos en el sistema carcelario de Paraguay está bajo prisión preventiva, sin condena en firme, reveló este martes el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay (MNP), y denunció que el país afronta una "problemática de hacinamiento".
Al presentar 'El anuario estadístico 2024 de personas afectadas en su libertad en la República del Paraguay', el MNP alertó de un "abuso" de la prisión preventiva.
Según el documento, 10.116 internos en las penitenciarías del país, lo que equivale a un 57 % de la población global, están siendo procesados por la Justicia bajo prisión preventiva. A su vez, 6.104 reclusos -un 35 %- han sido condenados.
Al respecto, la comisionada Sonia Von Lepel aseguró que si bien la cantidad de personas con prisión preventiva es menor que el año pasado, esta vez se desconoce la situación legal de un 9 % de los internos.
La funcionaria afirmó que el 41 % de los internos con procesos judiciales sin condena tiene entre 18 y 45 años.
Además, advirtió que el país afronta "una crisis penitenciaria" con constantes declaratorias de emergencia.
En particular, se refirió al hacinamiento en las cárceles e indicó que este año se evidenció esta situación en los centros de reclusión del interior del país, como "efecto" de la operación 'Veneratio', ejecutada por policías y militares en diciembre de 2023 en la penitenciaría de Tacumbú, ubicada en un barrio asunceno del mismo nombre.
La comisionada explicó que el operativo "tuvo impacto en el traslado masivo de más de 700 personas al interior del país con penitenciarías mucho más reducidas en su capacidad".
Las cifras del MNP indican que la penitenciaría regional de San Pedro (centro) tiene el mayor índice de hacinamiento del país, estimado en un 1.076 %, al albergar 1.592 presos pese a que su capacidad, según los estándares de derechos humanos, es de 148 personas. El Ministerio de Justicia calcula que pueden permanecer en ese lugar 696 internos.
Le siguen la penitenciaría regional de Ciudad del Este, fronteriza con Brasil, con el 886 % de índice de ocupación, y la de Emboscada (centro), con un 774 %.
El informe cifra en 17.848 personas la población recluida en 20 centros penitenciarios y ocho centros educativos para adolescentes infractores en el país, frente a la capacidad de 10.323 reos estimada por el Ministerio de Justicia y de 4.563 internos calculada por los patrones de derechos humanos. EFE
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