Ginebra, 16 dic (EFE).- El relator de la ONU para Birmania (Myanmar), Tom Andrews, pidió este lunes a los Estados apoyar la solicitud de orden de detención emitida por un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el líder de la Junta Militar birmana, Min Aung Hlaing, acusado de presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad contra la comunidad rohinyá en 2017.
El fiscal de la CPI Karim Khan emitió la solicitud el 27 de noviembre tras considerar que existían "motivos razonables" de deportación forzada y persecución contra la comunidad rohinyá, minoría étnica a la que el régimen birmano no reconoce la ciudadanía.
Es la primera solicitud de este tipo en el seno de la CPI contra un alto funcionario de la Junta birmana desde el golpe militar de hace tres años.
Andrews destacó que se trata de un paso adelante "crucial y largamente esperado" que debe ser aprovechado por la comunidad internacional para "hacer justicia" para las víctimas de los ataques de 2017 contra los rohinyás.
Birmania no es Estado parte de la CPI, pero el fiscal emitió esta solicitud al considerar que estos presuntos crímenes, que tuvieron lugar entre agosto y diciembre de 2017, se cometieron en parte en el territorio de Bangladés, Estado que sí es parte de la CPI y a donde fueron deportados muchos ronhiyás.
En este sentido, Andrews reconoció que si bien la solicitud es pionera presenta "limitaciones".
"El caso del fiscal no aborda toda la amplitud de las atrocidades cometidas contra los rohinyás, los crímenes internacionales en curso cometidos por la junta desde el golpe militar de febrero de 2021, ni los crímenes históricos perpetrados por los militares contra activistas prodemocráticos y grupos étnicos", afirmó Andrews.
Por ello, el relator reiteró su llamamiento a los gobiernos para que apoyen éste y otros casos de jurisdicción universal relativos a Birmania en los tribunales nacionales competentes, así como en la CPI y otros órganos internacionales.
"La reciente decisión del fiscal es un importante paso adelante, pero es necesario hacer mucho más para garantizar una rendición de cuentas firme por el asombroso catálogo de crímenes cometidos en Birmania", aseguró.
El brutal operativo que el Ejército birmano lanzó en agosto de 2017 contra la población rohinyá en el norte del estado de Rakáin (Arakan) motivó el éxodo de más de 720.000 refugiados a la vecina Bangladés. EFE
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