La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila ha impelido al Gobierno central a que controle el acceso a través del aeropuerto de Barajas de los "aviones patera" mediante los cuales llegan menores migrantes no acompañados a la Comunidad de Madrid.
Así lo ha exigido tras su visita este viernes al centro Hogar Casa Belén, en el que se atiende a menores tutelados de 0 a 6 años, coincidiendo con la Conferencia de presidentes autonómicos que está teniendo lugar en Santander y a la que ha acudido la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso.
Dávila ha reiterado sus peticiones de controlar la entrada a través de Barajas porque, según ha argumentado, "el 60% de las atenciones a menores no acompañados de la región provienen de ahí, de ese descontrol". "Llevamos un año y medio procurando que el Gobierno ponga esos visados de tránsito que eviten las entradas fraudulentas a España, entre muchas otras cosas", ha dicho.
En este sentido, la consejera ha afirmado que la Comunidad es una "zona tensionada" en cuanto a la atención de menores migrantes, y ha puesto como ejemplo el centro de primera acogida de menores migrantes de La Cantueña, en Fuenlabrada, que se abrió hace unos meses. "Este nuevo recurso está al borde del tensionamiento por esta llegada y por la escasez de recursos que proporciona el Estado", ha mencionado.
También en la misma línea, Dávila ha recriminado al Gobierno central que la aportación económica sea "irrisoria". "Reclamamos una financiación adecuada y pedimos al Ministerio de Infancia que nos proporcione alguna ubicación para poder atender a menores", ha espetado.
REPARTO DE MENORES MIGRANTES
Precisamente este viernes, uno de los temas principales que se abordarán en la Conferencia de presidentes es el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo de Coalición Canaria, que gobierna con el apoyo del Partido Popular, pedirá que se reforme el artículo 35 de la Ley de Extranjería para que, cuando se produzca una sobreocupación del 150% respecto al número de plazas disponibles en el sistema de protección de personas migrantes menores de edad no acompañadas, estos se deriven a otras regiones.
En este sentido, la Comunidad de Madrid ha reiterado en varias ocasiones su oposición a esta medida porque, en palabras de Dávila, "la fórmula es un acuerdo con un sistema de repartos real y no un sistema en el que luego hay un reparto que está escondido".
El reparto de menores migrantes en la región ha sido un tema de confrontación entre ambas administraciones, la central y la regional. En este sentido, Dávila acusó en noviembre al Gobierno central de crear 510 plazas en Carabanchel y Alcalá de Henares "sin ningún tipo de coordinación". Por su parte, 'los socialistas' han protestado en varias ocasiones por la ubicación del centro de menores de la Cantueña, situado en un polígono industrial de Fuenlabrada, por dificultar la integración de los acogidos.
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