El Gobierno ha señalado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no tiene la obligación de implantar los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR). Según el artículo 59 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, son los productores afectados los que tienen la obligación de hacerlo.
Así se ha expresado en respuesta a una batería de preguntas registradas en el Congreso por Ione Belarra, recogida por Europa Press, en las que la diputada de Podemos inquiría sobre los datos de recogida selectiva de botellas de plástico para 2023 cumplían los marcados por la citada ley y sobre si MITECO estaría dispuesto a poner en marcha el SDDR y en qué plazos lo haría.
Tanto la pregunta como la respuesta se hizo antes de que se conociese en informe de MITECO en el que quedaba reflejado que la recogida separada de botellas de plástico de un solo uso se ha quedado en 2023 en un 41,3% en peso respecto al introducido en el mercado, lejos del objetivo del 70% que marcó la Ley de Residuos para este año. Por ello, habrá que implantar un SDDR en todo el territorio nacional y en el plazo de dos años. El Gobierno defiende que serán los productores afectados los que tendrán que hacerlo.
Tal y como el Ministerio recuerda en su respuesta, la ley también marca objetivos para los siguientes años: el 77% en peso respecto al introducido en el mercado a más tardar en 2025; el 85% en peso respecto al introducido en el mercado a más tardar en 2027; y el 90% en peso respecto al introducido en el mercado a más tardar en 2029.
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