Buenos Aires, 4 dic (EFE).- La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, se jactó este miércoles, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) celebrada en Buenos Aires, de haber "desarmado las organizaciones sociales" en el país para obtener "paz social" en paralelo con el ajuste económico impulsado por el Gobierno.
"Para hacer todo eso que hicimos en economía teníamos que tener paz social", señaló la ministra ante el auditorio de la cumbre ultraderechista, que incluye a figuras como Santiago Abascal, líder del partido español Vox; Lara Trump, nuera del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
Al explicar las medidas que tomó el Gobierno en materia de seguridad desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia en diciembre del año pasado, destacó: "Lo primero que hicimos fue desarmar lo que eran las organizaciones sociales, que eran pantallas para lavar dinero y robarle la plata a los que recibían subsidios".
"Logramos que el mayor ajuste que se ha hecho sobre la burocracia política, sobre la casta política, se hiciera con la mayor paz social", agregó Bullrich, que destacó la disminución en la cantidad de piquetes y protestas registrados en las calles del país desde que asumiera la cartera de Seguridad e implementara el denominado 'protocolo antipiquetes'.
La ministra reiteró además la denuncia del Ejecutivo de que los líderes de las organizaciones sociales "manejaban el dinero del Estado que les había dado el populismo gobernante" y consideró que sus medidas permitieron terminar con "el bloqueo de empresas" por parte de trabajadores.
"Queremos un país en el que los empresarios sientan que pueden ser empresarios y ganar su dinero y los trabajadores no se sientan extorsionados", afirmó Bullrich.
La ofensiva del Gobierno de Milei contra las organizaciones sociales no ha sido emprendida únicamente por el Ministerio de Seguridad sino también por la cartera de Capital Humano, que ha denunciado en varias ocasiones la existencia de irregularidades por parte de estos colectivos, a los que tacha de ser intermediarios que desvían dinero destinado a pobres y desempleados procedente de los planes sociales financiados por el Estado.
"Hoy tenemos 84 procesados por lavado de activos, aquellos dirigentes sociales que arriaban a la gente", destacó la ministra de Seguridad, en alusión a los líderes de organizaciones sociales procesados por la Justicia argentina por irregularidades en la gestión de fondos entregados para la administración de asistencias sociales durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández (2019-2023), de los cuales aún ninguno fue condenado. EFE
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