Ciudad de México, 6 sep (EFE).- A un año de que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizara el aborto en México, especialistas advirtieron este viernes de las barreras legales y sociales que persisten e impiden el acceso a este servicio para todas las mujeres y personas gestantes, y exhortaron al Congreso a derogarlo como delito a nivel federal.
Melissa Ayala, vocera del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), a cargo del amparo que resultó en la sentencia hace un año, explicó a EFE que la Corte “señaló que era inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en el Código Penal Federal”.
“Se violaban los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad para gestar, al no permitirse que existiera un período en el cual las mujeres y las personas gestantes pudieran abortar sin ser criminalizadas”, expuso.
Por ello, dijo, se le ordenó al Congreso Federal la derogación del delito de aborto en cuanto se le notificara y tenía hasta el periodo ordinario para realizarlo, lo cual no ocurrió en la Legislatura que el 1 de septiembre pasado fue renovada.
Ayala confió en que en este periodo de sesiones del nuevo Congreso se derogue este delito, pues “si algo se ha dicho es que estamos ante un un legislativo feminista”, no obstante, dijo, hay que "seguir muy de cerca" que efectivamente lo cumplan.
Sin embargo, la abogada que junto con Gire ha emprendido una estrategia de litigios para eliminar el delito de aborto en los Congresos locales, comentó que la reforma judicial que impulsa el Gobierno para elegir por voto popular a jueces y ministros, podría detener los litigios pendientes y resultar en un retroceso mayor.
Hasta ahora, 15 estados han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (en Sinaloa la semana 13), en sintonía con la sentencia de la Corte.
Además de la Ciudad de México, que lo despenalizó en 2007, recientemente se han unido Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Jalisco, Quintana Roo, Zacatecas y Aguascalientes.
No obstante, el Congreso de Aguascalientes redujo a inicios de septiembre el plazo a 6 semanas, lo cual Ayala confío que sea vetado por el Gobierno del estado.
La experta agregó que el dictamen del 6 de septiembre de 2023 también estableció que “todas las instituciones de salud federales tendrían que prestar el servicio”, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo cual ha sido reiterado varias veces por la Corte en el último año.
Un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) documentó que hasta junio de 2024, las instituciones de salud federales no ofrecían abortos en el Estado de México, el más poblado del país y otras entidades donde está prohibido en el Código Penal estatal, salvo excepciones; por lo que la ONG hizo un llamado al Gobierno a atender la sentencia de la Corte.
La organización recordó que “el aborto se encuentra criminalizado en todos los códigos penales (1 federal y 32 estatales), pero en cada estado existen ciertas causales en donde no se penaliza”, como en casos de violación, donde la interrupción del embarazo debe estar garantizada sin importar las semanas de embarazo.
La vocera de Gire se unió al llamado de HRW y advirtió que incluso en la Ciudad de México han acompañado casos de mujeres a quienes se les niega el servicio después de la semana 12, por lo que urgió a eliminar también los plazos que obstaculizan el acceso quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, lo cual la Corte también ha declarado inconstitucional.
“Cualquier tipo de regulación sobre cómo se debe prestar el servicio, más bien tendría que estar en la regulación sanitaria y no en la penal”, alertó Ayala. E
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