Túnez, 4 sep (EFE).- La Justicia tunecina ordenó este miércoles prisión provisional contra el empresario y candidato oficial, Ayachi Zammel, por un supuesto delito de falsificación de patrocinios y a apenas diez días de comenzar la campaña de las presidenciales, informó a Efe el portavoz de su equipo, Ramzi Jebabli.
El político es uno de los tres candidatos- de un total de 17- seleccionados por la instancia electoral para concurrir junto al actual presidente Kais Said, que se arrogó plenos poderes en 2021 y aspira a un segundo mandato de cinco años; y el secretario del partido nacionalista árabe Movimiento del Pueblo, Zouhaier Maghzaoui.
La Fiscalía decretó el lunes detención policial durante 48 horas en el marco de una investigación, que se basa en una veintena de querellas de electores que le acusan de haber utilizado de manera fraudulenta la identidad del mandatario para reunir las 11.000 firmas que presentó en su expediente.
Azimoun (Determinado), pequeño partido que fundó en 2022 aunque sin representación parlamentaria y del que se distanció semanas antes para presentarse como "independiente", denuncia una campaña de acoso judicial para descartarle de la carrera presidencial.
Después de publicar este lunes la lista definitiva de candidatos, Zammel competirá junto a Said, que se arrogó plenos poderes en 2021 para "preservar la paz social" y aspira a un segundo mandato de cinco años, y al secretario del partido nacionalista árabe Movimiento del Pueblo, Zouhaier Maghzaoui.
La Instancia Electoral Independiente de Túnez (ISIE), cuya directiva fue nombrada unilateralmente por Said en 2022, se encuentra en el punto de mira de la sociedad civil, que le acusa de falta de neutralidad, principalmente tras ignorar las decisiones del Tribunal Administrativo para incorporar a tres opositores.
Los afectados son el exdiputado conservador y presidente de una asociación contra la corrupción, Imed Daimi; el varias veces ministro durante el antiguo régimen Mondher Zenaidi y el exvicepresidente del partido islamista Abdellatif Mekki.
Human Rights Watch (HRW) pidió este miércoles a las autoridades que pongan fin a su interferencia política y recordó que las sentencias del Tribunal Administrativo son "legalmente vinculantes" .
La mayoría de opositores que anunciaron su intención de concurrir están siendo o han sido procesados por la Justicia, varios han sido detenidos o condenados a penas de cárcel mientras que a otros se les ha impedido obtener el certificado de antecedentes penales, imprescindible para registrar su candidatura.EFE
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