Dublín, 1 ago (EFE).- El Tribunal Superior de Irlanda dictaminó este jueves que la política del Gobierno de Dublín respecto a los solicitantes de asilo contraviene la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El fallo de esta instancia judicial responde a una denuncia de la Comisión de Derechos Humanos de este país sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado hacia las personas que llegan a la República de Irlanda para solicitar protección internacional.
La comisión instó al juez de la sala, Barry O'Donnell, a que examine si los fallos en la provisión de alojamiento a los recién llegados por parte del Ejecutivo viola su derecho a la dignidad, tal y como requiere el artículo 1 de la citada carta.
En su sentencia, el magistrado subrayó que el Estado no ha satisfecho las necesidad básicas de los refugiados al dejarlos sin alojamiento o sin medios para acceder a ello, por lo que ha infringido sus derechos fundamentales.
El fallo no prevé emitir una orden de cumplimiento obligatorio, como reclamaba la comisión, ya que el juez consideró que el Gobierno, de coalición entre democristianos, centristas y verdes, no ignorará sus obligaciones.
"El Estado ha dejado claro, y este tribunal lo acepta, que está efectuando grandes esfuerzos para remediar la situación", expuso O'Donnell.
El Ejecutivo de Dublín ha atribuido la falta de alojamiento a la grave crisis de la vivienda que afecta al país, un problema que afecta a su ciudadanía en general.
No obstante, grupos de derechos humanos lo han acusado asimismo de endurecer en los últimos meses su política en materia de inmigración para frenar su caída en las encuestas de cara a las próximas elecciones generales, previstas para 2025.
En este sentido, los partidos de la coalición frenaron su retroceso en los comicios europeos y locales del pasado junio, en los que por primera vez en la historia de Irlanda hubo candidatos de extrema derecha, lo que indica un giro en las preocupaciones del electorado ante el fenómeno de la inmigración. EFE
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